Silvana Consuegra
CIUDAD DE MÉXICO.- Niñas de 10 años criando a otras niñas. Eso es lo que ocurre en comunidades indígenas mexicanas mientras el Estado guarda silencio. La maternidad infantil no es un fenómeno aislado: es el síntoma de una estructura que permite que niñas violadas sean obligadas a parir, mientras los agresores siguen libres.
En 2024, la Secretaría de Salud reportó 30 nacimientos en niñas indígenas de entre 10 y 12 años. Pero no es solo una cifra: es una alerta encendida. La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) lo nombra sin eufemismos: es violencia institucional.
Porque detrás de cada parto infantil hay un delito. Y una omisión. Y un Estado que prefiere conmemorar el “Año de la Mujer Indígena” con eventos simbólicos, mientras niñas indígenas ven su niñez interrumpida por una maternidad que nunca eligieron.
México es el país de la OCDE con la tasa más alta de embarazos adolescentes. Y aunque en 2022 se registraron 8,876 nacimientos en menores de 15 años, según datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), las niñas indígenas son las más invisibles en las estadísticas.
A las redes de trata, la pobreza y la migración, se suman el acceso nulo a educación sexual integral y la ausencia de protocolos de denuncia y atención. La ANPMI exige acciones urgentes: fortalecer leyes, crear un programa nacional con pertinencia cultural e interseccional, y destinar presupuesto para atención física, emocional y legal.
Y lanza la pregunta incómoda: ¿De qué sirve celebrar a las mujeres indígenas, si seguimos permitiendo que nuestras niñas sean violentadas, silenciadas y forzadas a parir en el abandono?
Recordemos que la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) es una articulación nacional conformada por lideresas, activistas, defensoras y portadoras de saberes de más de 30 pueblos originarios de todo el país.
Desde hace más de una década, su labor ha sido clave en la visibilización de las violencias estructurales que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres indígenas, así como en la exigencia de políticas públicas con pertinencia cultural, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos. Entre sus líneas de trabajo destacan la defensa del territorio, la participación política de las mujeres indígenas, y la denuncia de la violencia sexual y reproductiva que se perpetra con la complicidad del Estado mexicano
AM.MX/fm
