Sara Lovera
SemMéxico, 6 de septiembre, 2021.- En Palacio Nacional sí se discute un plan para fusionar organismos descentralizados o desconcentrados, encargados de acciones sustantivas y específicas para los derechos humanos de las mujeres. Agregarlos a las secretarías de Estado es un propósito del Ejecutivo desde el principio de su mandato.
Andrés Manuel López Obrador lo ha reiterado. Él cree que se trata de órganos inútiles, donde se gasta mucho dinero y se emplea a una burocracia aspiracionista, con especialistas egresados de Harvard o resultado de caprichos políticos del pasado.
Cree que duplican tareas del Ejecutivo y desconoce por completo cómo nacieron y por qué. De modo que lo publicado por la periodista Martha Anaya (El Heraldo, 3/9) fue la lista de organismos que pasan al control de la Secretaría de Gobernación. No se sabe qué perderán. Así recuperarán edificios, nóminas y habrá ahorros para los más pobres.
Aunque se niegue, el golpe está en marcha. Por ejemplo, contra la autonomía financiera y de gestión del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) o del Consejo Nacional de Población (Conapo), algo desquiciante, pero en serio. No se trata sólo de una narrativa presidencial, sino de hechos.
En enero 4 de 2021, el presidente dijo que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) era idéntico al Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El 8 de febrero renunció su secretario ejecutivo y a partir del 16 de agosto no tiene ni dinero ni cabeza. Una debe entender. Habrá despidos de personal, recuperación de sus instalaciones y ahorro de enseres de oficina.
El Sipinna no es un organismo cualquiera; coordina acciones en las 32 entidades de la República y cuestiones para disminuir embarazo en adolescentes, la pobreza infantil, políticas y diagnósticos, siendo un ente rector para cumplir los mandatado por la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Lo que parece un desatino absoluto, es fusionar el Conapo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su tarea, hoy con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, es resultado de la Ley General de Población de 1974. Tuvo la función fenomenal de crear políticas y coordinar con la República la estrategia que disminuyó el número de hijos/as por mujer, de 7 a 2.
También rompió con la prohibición del uso de anticonceptivos, lo que cambió a las familias mexicanas y amplió las libertades a las mujeres. ¿Nadie le ha dicho al presidente de la República que Conapo no hace estadísticas? ¿Por qué fusionarlo con el INEGI?
Por ello, tiene lógica la intención de disminuir al mínimo al Inmujeres, resultado de la ley general reglamentaria del artículo 4º. Constitucional que dice que nuestra nación garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Deberá encabezar la política nacional de género. No fue capricho burocrático, sino el mecanismo de atención para —nada menos y nada más— la mitad de la población.
Con la 4T, Inmujeres ha perdido presencia, recursos y capacidad de gestión. Por Ley, forma parte del gabinete ampliado. Hoy se le quitó todo liderazgo, luego de 20 años de existencia. ¿Para qué un Instituto? —dirá el presidente—, si la 4T atiende como nunca a las mujeres. “Pero no se equivoquen”, a las más pobres. Adicionarlo a Gobernación es igualito a lo que quiso Enrique Peña Nieto, queriéndolo enviar a la Secretaría de Desarrollo Social (indesol). La respuesta de las mujeres lo impidió.
Me contaron que el Indesol, encargado del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) para prevenir, atender y erradicar la violencia, ya funciona como unidad administrativa. O sea, sí se desmantela la política de género. Sin duda. Veremos.
*Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx
