Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 30 de junio, 2025.- Irinea Buendía Cortez fue la primera en alzar la voz, hace dos años, al afirmar que las cifras oficiales sobre feminicidio están manipuladas: aparentan una disminución al desviar los casos hacia suicidios o desapariciones.
Irinea sostiene que 20 mujeres son asesinadas al día por razones de género. Una realidad distinta a la que informa la oficialidad.
Sus declaraciones podrían parecer un despropósito o una ocurrencia. Sin embargo, tras 13 años de investigación empírica, demostró que su hija, Mariana Lima Buendía, no se suicidó, sino que fue víctima de feminicidio. Recorrió el país indagando directamente y contabilizó 165 mil 798 mujeres asesinadas violentamente: 12 mil 754 cada año, mil 63 cada mes, 363 cada día, 17 cada hora. Su hija fue asesinada el 27 de junio de 2010.
Llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consiguió un acuerdo para que cada asesinato violento de una mujer sea investigado como feminicidio, lo que hoy es un mandato. No obstante, más del 90 por ciento de estos crímenes quedan impunes.
Este fin de semana, información verificada y científica dio la razón a Irinea. Edgar Cortez Morales, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, relacionó el aumento de las desapariciones con el feminicidio como una estrategia para esconder los cuerpos de las víctimas y negar la realidad.
La Comisión Nacional de Búsqueda registró un aumento de desapariciones en todo el país entre 2022 y 2024. En 15 estados se reportaron 19 mil 360 desapariciones, siendo el Estado de México, Ciudad de México y Michoacán las entidades con más casos. Una investigación periodística de este diario reveló que en Durango y Ciudad de México el número de desapariciones se duplicó en ese lapso. Colectivos identifican estas zonas como focos del incremento en feminicidios.
Estos hechos, respaldados estadísticamente con informes mensuales, son reveladores. Mientras tanto, la versión oficial insiste en que los feminicidios han disminuido un 26 por ciento, en abierta contradicción con las cifras de Irinea y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
¿Por qué se nos engaña? Seguramente porque hace siete años se abandonó en este país la política de género, se redujo el presupuesto para prevenir la violencia contra las mujeres y no existen registros confiables.
Hoy, sin diálogo con las madres de víctimas de feminicidio y con las buscadoras, se apresuró la reforma a la ley sobre desapariciones forzadas. Fue una entre 16 reformas a leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo al Congreso, resueltas en menos de una semana.
Durante la discusión en el Senado, la priista Claudia Edith Anaya advirtió que, con el pretexto de investigar desapariciones —que en muchos casos son asesinatos— el gobierno concentrará datos biométricos, de geolocalización y personales, sin contar con mecanismos eficaces de protección ni con presupuesto suficiente.
El artículo 105 invisibiliza homicidios y feminicidios al considerar “localizada” a una persona una vez hallados sus restos. No hay forma de garantizar pruebas de ADN para más de 72 mil cuerpos sin identificar. “Es una reforma para el control ciudadano, no para encontrar a las y los desaparecidos”. También la emecista Alejandra Barrales consideró que la reforma privilegia un modelo de vigilancia masiva, elude los problemas estructurales y no fortalece ni a las comisiones de búsqueda ni al Ministerio Público.
Esta reforma, como otras, no cuenta con el respaldo de los colectivos. No enfrenta el problema: lo simula. Se ha denunciado que busca legitimar el espionaje oficial, lesionando otros derechos.
Mientras tanto, en la vida real, no existe ninguna política que atienda las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. La crisis humanitaria continúa, y todo indica que la oficialidad seguirá simulando. Veremos.
