Sara Lovera
* 8 entidades del país, sin reglas firmes para la paridad
SemMexico, 6 febrero 2018.- Esta semana, en todo el país, al menos 5 mil 154 mujeres de partidos y coaliciones esperan registrarse para la contienda 2018. Al interior del país, los partidos políticos hacen lo posible porque las mujeres seleccionadas pertenezcan a su grupo, sean disciplinadas o parte del séquito de los “jefes” o que no vayan a reclamar la manipulación de recursos para sus campañas y capacitación.
Hay fiestas, fotos, mensajes en las redes sociales donde se exhibe el orgullo de estar en las boletas. Hubo ya algarabía. Discursos y actividades, no solo de los tres precandidatos presidenciales, lo único que cubren los medios. Mujeres por todas partes, peleando su lugar. Montones —es una fortuna—, ello porque se ha derribado el mito que usaron mucho tiempo las dirigencias de los partidos, diciendo que no hay mujeres para los puestos. Claro, ellas construyeron sus partidos, pero las obstaculizaron sistemáticamente.
Este año, dicen los y las opinadoras, ocurrirá la elección más grande de la historia. Ya están en el proceso 30 entidades del país. Se elegirán 984 diputaciones locales, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 2 mil 226 ayuntamientos, 16 nuevos alcaldes en la ciudad de México, ocho gubernaturas (dos mujeres pueden llegar) y la presidencia de la República. Los resultados en los ejecutivos están por verse.
Es posible que ningún partido se salve tratando de impedir a toda costa que las mujeres lleguen. Supe que en un partido dijeron que el 3 por ciento del presupuesto de ese órgano político, destinado por ley a las mujeres, se debía transversalizar “para todo el partido”. ¡Qué barbaridad! Los del poder aprenden rápido y usan el concepto género para apropiarse de los derechos de las mujeres.
En ese partido pretenden neutralizar la política de inclusión. Además de argumentos pedestres, se apoyan en leyes débiles y poco claras.
Sin embargo, lo importante ahora es que logren primero las candidaturas y, luego, estas mujeres —cinco mil— desplieguen un intenso discurso sobre la agenda pendiente para la igualdad, para frenar la violencia feminicida y se consiga estructurar una buena comunicación con las y los electores, sobre el valor de lo ganado a lo largo de al menos los últimos 25 años, desde que se aprobaron las reglas para la participación de las mujeres en las listas electorales y cuando llegaron a la paridad en 2014.
Que también se sepa que la llegada de las mujeres a los puestos de decisión ayuda, a veces es fundamental, para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y para políticas sociales y públicas. Son trascendentes para que se aplique otra perspectiva en asuntos vitales como el presupuesto, la acción social y la democracia. Hay pruebas. Sin muchas de esas mujeres no tendríamos el marco jurídico que tenemos para la igualdad.
Nada más un dato: entre 1974 y el año 2000, si no estoy mal, pasaron 25 años. En 74 se incluyó en la constitución la igualdad del varón y la mujer, y en 2000 apenas se reglamentó ese mandato constitucional, gracias a las primeras bancadas feministas.
En 1931 se incluyó la voluntad de la república para frenar la violencia contra las mujeres, la violación sexual, y no fue sino hasta 2007 que tuvimos una Ley General llamada —nombre largo y tortuoso— de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia. Pasaron nada más y nada menos que 76 años.
Qué decir de los derechos políticos: de 1922, cuando Felipe Carrillo Puerto decretó los derechos políticos para las mujeres, a 2014, en que se logró la paridad electoral, fueron —como ven— 92 años. En general, se omiten realidades. Hay dificultades, pero no, no somos iguales que los hombres.
La resistencia es tenaz. Ahora no solo se trata de enviarlas a distritos perdedores o elegir a las cercanas, para, si ganan, manipular su actuación en las cámaras, los municipios o discutir si ellas quieren o no. Encima, según un informe de la Comisión Temporal de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), ocho entidades del país tienen reglas poco firmes para cumplir con la paridad. En tres entidades ni siquiera las hay: Durango, Sinaloa y Quintana Roo; se afirma que se determinará en general, por lo que dice la Constitución.
Lo cierto es que la batalla es fuerte. El avance es que en las listas de diputaciones y senadurías, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, se harán en paridad, a jalones o no, pero tendrán que cumplir. En los municipios, precisamente la ausencia de reglas claras pone en duda si habrá o no paridad horizontal y vertical; lo que veremos, generará conflictos, entre otras cosas porque ahora, a diferencia de hace dos años, las mujeres tienen más claros sus derechos. El temor es el despliegue de la violencia política contra ellas.
Hasta ahora tenemos al menos dos mujeres independientes que buscan estar en
la boleta electoral como candidatas a la presidencia de la república: Margarita Zavala, defenestrada por fuego amigo y enemigo, y María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, abanderada de la voz indígena, que no es poca cosa. Ambas están luchando por conseguir las firmas, en un periodo que vence en 10 días. Las opiniones se dividen respecto de la importancia que significará poder contender. Evidentemente los partidos grandes ni pensaron en una mujer.
En las ocho entidades donde cambiará el gobierno local encontré cinco mujeres con posibilidades reales de aparecer en la boleta como candidatas a gobernadoras. Muy enfrentadas en la Ciudad de México: Claudia Sheinbaum, de Morena, y Alejandra Barrales, por esa coalición PAN-PRD- MC, porque en esta ciudad nada está escrito. Martha Erika Alonso, en Puebla, esperando a que el PAN tome la decisión definitiva, criticada por ser esposa de un exgobernador, pero no sabemos de su propio impulso, y Guillermina Trujillo, por el PRI en Tabasco. Esta última puede convertirse en la octava gobernadora; eso depende de que el partido tricolor lo logre.
También serán candidatas por Morena en Guanajuato, Antares Vásquez Alatorre y, probablemente, Rosa María Márquez Cabrera en Puebla. Está peleando su candidatura por la coalición PAN-PRD- MC, María Elena Orantes, para Chiapas, con posibilidades relativas. En algunas entidades, alianzas y coaliciones no se ponen de acuerdo, y este es el caso, aunque Ma. Elena Orantes espera ya algunos años por esta posibilidad, trabajando muy duro. El panorama masculino es casi total en esa zona de las gubernaturas. En casi 66 años, apenas hay siete gobernadoras; dos de ellas no fueron a las urnas.
O sea, para ellas, nosotras, la apertura al poder real todavía está lleno de escollos. Y es importante hablar en plural, porque ningún partido hoy día ofrece realmente un programa democrático y transformador. Eso ya lo sabemos. Ellas, no obstante, podrían hacer la diferencia.
No es lo mismo Claudia Sheinbaum que Alejandra Barrales. Una elegida por ya saben quién, sin proceso interno o popular, con un perfil lejano de la agenda feminista, y Alejandra Barrales, con los compromisos de su partido que en la Ciudad de México gobierna desde hace 20 años. Ese gobierno creó un programa continuado de instituciones y leyes encaminadas a la libertad de las mujeres y la igualdad. No es poca cosa que la Ciudad de México sea el único lugar del país donde el aborto es legal.
Ahora hay que esperar que al Congreso llegue un nutrido grupo de mujeres comprometidas con las mujeres. Entre ellas, esperamos la diputación federal de feministas, como Guadalupe Almaguer, quien se inscribirá como candidata para diputada federal en el VI distrito de San Luis Potosí, por el PRD, o Belem Palmeros Exsome, para un distrito de Veracruz, por el PRI, o la feminista Adriana Ortiz Ortega, en una diputación de la capital desde la comunidad LGTB. Muchas otras ya están en las precandidaturas, provenientes de lucha feminista. Habrá que esperar las listas, identificarlas y promoverlas. Vale la pena, aun cuando el panorama político general es funesto. Veremos.
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