Pablo Cabañas Díaz
En medio del clima de violencia en contra de periodistas en México que ha dejado cinco comunicadores asesinados en lo que va de 2017, integrantes del gabinete federal anunciaron un plan llamado “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”. Estas “acciones” se dan justo cuando un grupo del Parlamento Europeo está fuertemente preocupado por las violaciones a los derechos humanos registradas en México, por lo que piden congelar la negociación del acuerdo comercial bilateral. La llamada cláusula democrática del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE) nunca ha sido activada en sus casi 17 años de vigencia.
La cláusula democrática del Acuerdo Global México-UE exige el respeto de los derechos humanos fundamentales. Aunque una medida de sanción puede ser invocada si son violados tales derechos, ello nunca ha sucedido. En su lugar, las violaciones a los derechos humanos en México han sido abordados a través del diálogo político”, así lo expone un estudio que trata los efectos de la cláusula democrática de dicho acuerdo bilateral y que fue publicado el pasado 10 de febrero del 2017, por la Unidad de Evaluaciones de Impacto del Servicio de Investigaciones del Parlamento Europeo.
El estudio elaborado por la investigadora de la Universidad Libre de Bruselas y exasesora de la Comisión Europea, Isabelle Ioannides, a petición del Comité de Comercio Internacional y del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, destaca por ser el primero que emprende un balance exclusivamente consagrado a la cláusula democrática europea en el caso mexicano y que cuenta con el aval de una institución de la UE.
Desde que el acuerdo bilateral entró en vigor en 2000, y conforme la violencia en México derivada de la guerra contra el narcotráfico se fue extendiendo al grado de generar acusaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya
El reporte advierte que es “difícil” establecer cuál ha sido el impacto concreto de la cláusula democrática en la situación actual del país en derechos humanos, ya que el gobierno mexicano –refiere– pudo haber adoptado reformas en la materia por iniciativa propia y con el afán de mejorar el clima de negocios, o como resultado del conjunto de los compromisos asumidos en el conjunto de tratados de libre comercio que ha firmado y no únicamente por el europeo.
Sin embargo, no sólo asegura que es “importante” que la UE produzca declaraciones políticas en sus reuniones con las autoridades mexicanas porque así “se podría ejercer más presión” sobre ellos para que implementen sus principales reformas de protección a los derechos humanos, sino que también se deben poner en marcha “mecanismos de monitoreo más eficientes” en ese rubro.
A ese respecto, el reporte menciona la posibilidad de crear un mecanismo de evaluaciones periódicas y otro que trate las preocupaciones y denuncias de la sociedad civil, o que se establezca un comité permanente de derechos humanos que vigile el cumplimiento de las obligaciones de las partes en este punto.
Hasta 2016 la Unión Europea (UE) había generado inversiones en México por 170 mil millones de dólares, principalmente en los sectores de manufactura, servicios financieros y el campo, mientras que el intercambio comercial de productos mexicanos con el grupo de 28 naciones alcanzó 61 mil 691 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía.
En abril de 2017, la Comisión para las Relaciones entre México y la UE del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en la que se demandó la congelación de las relaciones comerciales entre México y la UE ante el “grave deterioro” de los derechos humanos, especialmente en lo concerniente al alto número de periodistas asesinados en México en los años recientes.
En caso de que México incumpla con la cláusula de Derechos Humanos la UE advierte que “se puede articular la suspensión de la aplicación” de ese mecanismo, según expresó el embajador de la UE en México, Andrew Stanley. El grave deterioro de los derechos humanos llegó a tal deterioro que la embajadora de Suecia, Annika Thunborg fue enfática al señalar que:“las convenciones internacionales sobre libertad de expresión son muy claras: es responsabilidad del Estado proteger a sus ciudadanos, incluyendo sus periodistas”. Los periodistas “no son enemigos”, declaró por su parte Pierre Alarie, embajador de Canadá en el país, según el cual los profesionales de la información “arriesgan su vida todos los días, luchan contra la corrupción y la falta de transparencia (…) Canadá cree que una prensa crítica es una cosa esencial para la democracia”.
A estas expresiones de condena a la inacción del gobierno mexicano, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se suma a la condena los asesinatos de la activista Miriam Rodríguez y del periodista Javier Valdez, ocurridos en hechos diferentes. De acuerdo con el funcionario de la ONU, en términos de seguridad de periodistas y defensores de derechos”han sido escalofriantes, por lo menos seis asesinatos de periodistas, dos de activistas y dos escoltas de beneficiarios del mecanismo nacional de protección”. Una visión-cada más creciente- que hay en Europa sobre gobierno de Peña Nieto la sintetiza el periódico británico The Guardian al destacar que “México se ha convertido en uno de los países más letales para trabajar en los medios de comunicación, ya que la mayoría de los asesinatos de reporteros quedan sin resolver y sin castigo”.
