Por Pablo Cabañas Díaz
En 2020, el Congreso de la Unión eliminó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), bajo el argumento de reordenar los fideicomisos públicos. Aquella decisión, adoptada en plena crisis sanitaria y fiscal, suprimió el principal instrumento de financiamiento para emergencias y reconstrucción. Desde entonces, los recursos se integran al presupuesto federal y dependen de asignaciones anuales se encuentran sujetas a la discrecionalidad del Ejecutivo. México perdió así un mecanismo que garantizaba la movilización inmediata de fondos sin esperar autorizaciones burocráticas. Lo que antes era prevención se convirtió en contingencia: esperar el desastre para actuar.
Cinco años después, las consecuencias son evidentes. Más de ciento cincuenta mil personas han resultado afectadas por tormentas, deslaves e inundaciones en distintas regiones del país. Las lluvias de 2025 superaron los promedios históricos, y sin embargo, no se ha emitido una sola declaratoria formal de desastre. El silencio administrativo revela una estrategia de contención política: invisibilizar la emergencia para no admitir la falta de respuesta institucional. En los reportes del gasto público apenas se observa una fracción mínima destinada a atención inmediata, mientras la mayoría de los recursos se diluye en comprobaciones y trámites. La prevención, que debería ser una prioridad, quedó subordinada al calendario político y a la austeridad presupuestal.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 14 de octubre que el país cuenta con 19 mil millones de pesos para atender desastres naturales, y que esos recursos son “suficientes” y de acceso expedito. Sin embargo, los gobiernos locales y los propios damnificados desmienten esa suficiencia. Apenas se han utilizado cerca de 3 mil millones, mientras miles de familias permanecen incomunicadas, sin electricidad ni víveres, refugiadas en escuelas o templos improvisados. En Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí las escenas son idénticas: caminos destruidos, viviendas bajo el agua y una sensación de abandono que se repite cada año. Falta dinero, faltan manos y falta Estado.
El discurso oficial intenta justificar la desaparición del FONDEN señalando su corrupción y su burocracia. El presidente López Obrador lo llamó en su momento “la caja chica del gobierno”, un barril sin fondo del que, según dijo, se robaban miles de millones en cada emergencia. La actual administración retomó esa narrativa: quien defiende al FONDEN, repiten, defiende la corrupción. Pero esa consigna no resuelve el vacío operativo ni el retraso en la atención. El problema no era solo el fondo, sino la falta de voluntad política para auditarlo y perfeccionarlo. En lugar de reformarlo, se optó por eliminarlo.
Hoy, la respuesta ante los desastres depende de decisiones centralizadas y lentas. Cada peso debe ser autorizado por la Secretaría de Hacienda, lo que convierte cada emergencia en un expediente. Los municipios piden apoyo que tarda semanas en llegar, mientras los damnificados sobreviven con ayuda vecinal o donaciones. La política pública se ha vuelto un acto contable, no una acción humanitaria. El país gasta menos, pero también protege menos. La austeridad se volvió una forma de parálisis moral.
El FONDEN no era perfecto, pero representaba un principio: reconocer que los desastres naturales requieren velocidad, coordinación y previsión. Su extinción fue una señal de improvisación y de desconfianza hacia los mecanismos institucionales. El gobierno actual presume eficacia, pero lo que predomina es la opacidad: no hay claridad sobre el destino del dinero ni sobre los criterios de asignación.
Las lluvias de este año no solo inundaron pueblos, sino también las promesas de eficiencia. Los recursos “suficientes” anunciados desde Palacio Nacional no bastan para cubrir los daños ni para atender a los desplazados. Los damnificados se han vuelto cifras de un informe más. Lo que debería ser una política de prevención se ha convertido en un relato de justificación.
México enfrenta sus tragedias con discursos, no con estructuras. Lo que se perdió con el FONDEN no fue un fideicomiso, sino una idea de responsabilidad compartida entre Estado y sociedad. Cada tormenta revela lo mismo: la improvisación de un gobierno que confunde austeridad con abandono. Las lluvias de 2025 son una metáfora del país entero: el agua sube, los ríos se desbordan, y el Estado, con sus miles de millones anunciados, sigue ausente.
