Pablo Cabañas Díaz.
La violencia contra las mujeres es una amenaza a la estabilidad social, así lo ponen de manifiesto las cifras oficiales disponibles de 15 países de América Latina, que dan cuenta que en 2018 fueron asesinadas por motivos de género un total de 7 mil 227 mujeres.
En México, hay seis mil denuncias de violencia contra las mujeres sin investigar y, por lo tanto, los presuntos responsables siguen impunes, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Esta comisión elabora un reporte por cada entidad acerca de las carpetas de investigación de casos de abuso sexual así como de lesiones y feminicidios. Datos de las fiscalías estatales, compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que durante 2019 hubo mil 10 víctimas de feminicidio y, en enero del año en curso, se sumaron 73 asesinatos de este tipo. Destacó que si bien hay casos difundidos por la prensa y reciben impartición de justicia, muchos otros prevalecen en la impunidad en todo el país pese a que son de la misma gravedad.
En México, siguen siendo utilizadas las diferencias biológicas entre hombres y mujeres para justificar las desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales. Aunque estos argumentos van perdiendo alcance y las mujeres han ido modificando de manera lenta pero progresiva su situación social, aún se enfrentan serias limitaciones en lo que desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2016) se ha denominado la autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía física.
Es en este contexto, que la violencia por razones de género se ubica como una de las formas de discriminación y desigualdad de mayor impacto en la vida de las mujeres. Las mujeres son víctimas de repetidas y sistemáticas formas de violencia, entre estas es posible considerar a la violencia simbólica, mediática, laboral, política, patrimonial, institucional, obstétrica, el acoso, la trata, la prostitución, la violencia psicológica, sexual, física, la inducción al suicidio, entre otras; pero también víctimas de la forma más extrema y dramática de violencia por razones de género como lo es el feminicidio.
Según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (2014) elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el caso más extremo de violencia que es el feminicidio se entiende como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. El proceso de comprensión, prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer, y su evitable desenlace en el feminicidio, se encuentra estrechamente ligado a la disponibilidad de información y de sanciones penales.
