Pablo Cabañas Díaz
Al inicio del sexenio Adolfo López Mateos en 1958, para cumplir con una de las añoranzas más importantes que emanarían de la Revolución: el derecho de los mexicanos a recibir educación primaria obligatoria y gratuita, establecido en el artículo Tercero Constitucional desde 1917, enfrentó la resistencia de los grupos conservadores. Se puso en marcha el Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, en el que se buscó reforzar la construcción de escuelas en sectores urbanos, semiurbanos y rurales; la habilitación de todos los grados de primaria en aquellos centros escolares que carecieran de ellos primordialmente en el sector rural que por lo general carecían de los últimos tres grados; y la incorporación de nuevos docentes a la educación primaria. El 1 de febrero de 1961 fue creado el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), con el que se incrementaron los desayunos escolares proporcionados, de 80 mil en 1959, a tres millones diarios en 1964. López Mateos firmó el Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que el Estado editara, imprimiera y entregaran gratuitamente los textos para todos los educandos de primarias públicas y particulares.
El 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). Con ella, el Estado pretendió fortalecer sus mecanismos de control frente a las instituciones educativas privadas, tanto laicas como religiosas. El decreto señalaba la necesidad de que los textos fueran gratuitos. De inmediato la gratuidad levantó ámpula en diversos grupos. Los primeros en protestar fueron los profesores que eran autores de los libros que estaban utilizando los alumnos de las escuelas primarias, que enviaron una carta abierta al Presidente. El negocio de las editoriales se venía para abajo máxime cuando en 1960, la SEP dio a conocer la lista de los textos que se autorizaban para la enseñanza del 5° y 6° grados —pues del 1° al 4° contarían ya con el texto gratuito—, declaró al respecto: “es obligatorio el uso del libro de texto único y gratuito en todas las escuelas primarias, trátese de particulares u oficiales, de federales o estatales, e incluso de escuelas municipales, excepto para los últimos años de primaria”.
El texto gratuito se convirtió en obligatorio, lo cual provocó una discusión de niveles alarmantes en diferentes sectores sociales. Una primera polémica fue la meramente comercial: aquellos que vieron afectados sus intereses económicos y comerciales y que consideraron anticonstitucional tal determinación. El primero en tratar el problema fue el profesor Valentín Zamora Orozco, quien publicó un desplegado dirigido al Presidente de la República en el que manifestaba su desacuerdo, pues al dejar fuera otros textos violaba los derechos de quienes trabajaban en ellos, dejándolos “en el desamparo”. Sin embargo, el argumento no se constreñía al aspecto económico, ya que también señalaba que se estaba actuando contra la libertad de enseñanza, pues daba lugar a un monopolio que beneficiaba a personas extrañas a la actividad educativa. A este debate se unió la Sociedad Mexicana de Autores de Libros de Texto, afirmando que los textos gratuitos excedían la capacidad de comprensión de los niños pequeños, así como que no se ajustaban a los nuevos programas escolares.
A la aparición del libro de texto único, entró un nuevo elemento: la amenaza del comunismo. Y se generó un rumor sobre la posible nacionalización de las escuelas particulares. Esta suposición estaba fundamentada en atentados sufridos por establecimientos particulares en algunas ciudades del interior y en otras medidas tomadas por la autoridad, como la suspensión temporal que dictó para nuevas incorporaciones de primarias, secundarias y normales, y a la poca atención que daba a las solicitudes de reconocimiento de validez de los estudios de las preparatorias particulares. La preocupación por el rumor de la nacionalización provocó la reunión de los comités estatales Esta movilización dio como resultado que, para mayo de 1962, en 18 uniones estados de la República hubiera organizaciones listas para contender contra el gobierno.
El decreto de creación de los libros de texto gratuito no hacía explicita su obligatoriedad, ni su unicidad. Estos conceptos se van a ir clarificando poco a poco a lo largo del debate que se da en torno a ellos. Una primera postura del gobierno se da en febrero de 1960, cuando señala que el texto es único y gratuito “en todas las escuelas primarias, trátese de particulares u oficiales, de federales o estatales e incluso de escuelas municipales, excepto para los dos últimos años de primaria”.
Sesenta y un años después, esta decisión continúa siendo fundamental para apoyar la economía de las familias mexicanas; y es que los precios de los libros didácticos en las librerías son considerables: en un estudio de mercado, el costo de una colección de libros para los tres grados de preescolar oscila entre mil 500 y 4 mil pesos; para los seis de primaria, entre seis mil 500 y 10 mil 500 pesos; y para los tres grados de secundaria, entre dos mil 500 y cinco mil pesos. En total, los costos de los libros para la educación obligatoria oscilan entre 10 mil 500 y 19 mil 500 pesos, que las familias ahorran en virtud de la existencia de los textos gratuitos. Si además consideramos que las familias mexicanas promedian dos hijos, entonces la carga económica de adquirir los libros de texto para la educación obligatoria se duplica.
