Por Pablo Cabañas Díaz
Lo ocurrido en Tequila, Jalisco, con la designación de Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina es mucho más que una anécdota incómoda de redes sociales. Es el retrato descarnado de una crisis política y moral que atraviesa a buena parte de los municipios mexicanos: la normalización de la cercanía entre la vida pública y la cultura del narcotráfico.
El video que la exhibe en una fiesta entonando —o al menos acompañando— el narcocorrido El del Palenque, este hecho no se puede llamar un momento festivo malinterpretado. En un país con más de cien mil desaparecidos y regiones enteras sometidas por el crimen organizado, ninguna figura pública tiene derecho a la ingenuidad. Mucho menos quien aspira a gobernar un municipio emblemático como Tequila, puerta de entrada a una de las industrias culturales más importantes de México.
La explicación ofrecida por Rodríguez Rivera —que ella no cantó, que solo era una invitada, que el video fue difundido para dañarla— suena más a control de daños que a una auténtica reflexión sobre la gravedad del hecho. El problema no es técnico, sino ético. No importa si entonó o no la canción: estaba ahí, participando de un ambiente donde se exalta a un personaje responsable de una estela de violencia que ha devastado comunidades completas en Jalisco y en el país.
La política mexicana se ha acostumbrado peligrosamente a convivir con estos símbolos. Los narcocorridos, que antes eran marginales, hoy se escuchan en fiestas familiares, campañas electorales y hasta eventos oficiales. Se han vuelto parte del paisaje. Pero que algo sea frecuente no lo convierte en aceptable. Cuando una funcionaria pública aparece vinculada, aunque sea de manera indirecta, con ese universo cultural, envía un mensaje devastador: que el poder local coquetea con los mismos referentes que sostienen al crimen organizado.
La polémica habría quedado como un tropiezo más de no ser por el contexto en que se produce su nombramiento. Rodríguez Rivera llega a la alcaldía tras la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro, acusado precisamente de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, asume el cargo en un municipio donde la sombra del crimen organizado no es una metáfora, sino una investigación judicial abierta.
En esas condiciones, su ascenso debía representar una ruptura clara con el pasado inmediato. Una señal contundente de limpieza, distancia y renovación institucional. Sin embargo, el antecedente del video genera la percepción exactamente contraria: la de una continuidad disfrazada de relevo administrativo.
La pregunta que muchos habitantes de Tequila se hacen es inevitable: ¿realmente cambió algo con esta designación o solo se movieron las piezas del mismo tablero? La política municipal en México ha demostrado demasiadas veces ser un juego de máscaras donde se sustituyen nombres, pero no prácticas ni lealtades.
Lo más preocupante no es únicamente la figura de Rodríguez Rivera, sino el mecanismo que la llevó al cargo. Los procesos de designación de alcaldes interinos suelen realizarse en la opacidad, sin consulta ciudadana y bajo acuerdos de cúpula. En contextos infiltrados por el crimen, esa opacidad es terreno fértil para que se reciclen estructuras y compromisos inconfesables.
El caso de Tequila revela además la fragilidad de los filtros éticos dentro de los partidos políticos. ¿Nadie revisó el historial público de quien sería propuesta para gobernar? ¿A nadie le pareció problemático un antecedente tan reciente y tan visible? Si los institutos políticos fueran mínimamente responsables, habrían entendido que, más allá de su legalidad, el nombramiento era políticamente insostenible.
México vive una emergencia de legitimidad en el nivel municipal. Decenas de alcaldes han sido asesinados, amenazados o cooptados por organizaciones criminales. En ese escenario, cada decisión pública debe cuidarse con extremo rigor. Nombrar a una persona cuestionada, por mínima que sea la duda, equivale a jugar con fuego en un polvorín.
La defensa automática que algunos actores han hecho de la nueva alcaldesa refleja otro problema nacional: la incapacidad de la clase política para asumir errores. Todo se reduce a complots, campañas negras y golpeteo mediático. Nunca a autocrítica. Nunca a la aceptación de que hay conductas que, aunque no sean delito, resultan incompatibles con la dignidad del servicio público.
