Pablo Cabañas Díaz.
Como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, solía expresar una frase que fue característica de su gestión: el “derecho es un instrumento para realizar la justicia”, pero esas palabras se estrellaron con la realidad, en el caso del ministro Ernesto Díaz Infante. En octubre de 1986, la niña Merle Yuridia Mondain, de seis años, dentro de su inocencia se acercaba a jugar con el perro de Alejandro Braun Diaz, hijo de un acaudalado empresario del puerto de Acapulco y dueño del yate Fiesta.
La última vez que jugó la niña con el perro, Braun Díaz, aprovechó la ocasión para violarla y descuartizarla. Drogado y alcoholizado grabó su crimen con una video cámara, haciendo cómplice a su mozo José Refugio Cortés Suárez, quien murió en circunstancias extrañas tiempo después en el Penal de las Cruces en Acapulco.
El cruel criminal confesó su culpa y fue condenado a treinta años de prisión. Su padre contrató al abogado Enrique Fuentes León, quien fue suegro de la conductora de Televisa, Jaqueline Bracamontes.
Fuentes León, sobornó a los magistrados Eufemio Zamudio Alemán y Gilberto Arredondo, así como al ministro Ernesto Diaz Infante. Con la fortuna pagada, la madrugada del 8 de diciembre de 1988, el abogado sacó de la cárcel al asesino y lo trasladó en helicóptero del aeropuerto de Acapulco a la ciudad de México, de donde salió rumbo a Guatemala y después a Chile, país gobernado en esos años por Augusto Pinochet.
En el caso de la niña Merle Yuridia, la responsabilidad del exministro Ernesto Díaz Infante, fue solapada por el Poder Judicial, hasta el último día de su vida, que ocurrió el 17 de marzo del 2006, incluso cobró su pensión equivalente al 80 por ciento del salario que rondaba la cantidad de los 140 mil pesos mensuales
A principios de 1993, cuando Jorge Carpizo acababa de llegar a la Procuraduría General de la República designado por Carlos Salinas, se encontró con un “expediente intocable”. Era el de Díaz Infante. La Corte, presidida entonces por el ministro Ulises Schmill, invitó a Carpizo a un desayuno en el edificio de Pino Suárez. Los ministros le pidieron que no actuara contra su colega y no consignara el expediente por el daño que le causaría al máximo tribunal “La mejor manera de defender a esta institución es lo que hice esta mañana: consignar el expediente ante el juez federal”, respondió Carpizo.
Díaz Infante, que se encontraba prófugo en San Antonio, Texas, el mismo lugar de huida de Fuentes León a causa del cohecho, fue detenido por el FBI en junio de 2001, días antes de prescribir los delitos de cohecho y obstrucción de la justicia por los que lo consignó Carpizo en 1993.
Dos años después, el ministro fue condenado a 10 años de prisión, pero solo estuvo tres años, por el cáncer terminal que padecía. Díaz Infante fue excarcelado del Reclusorio Preventivo Norte a finales de 2004, en espera de la sentencia correspondiente. Llama la atención que Díaz Infante fue la primera persona beneficiada de las reformas realizadas en 2004 al artículo 55 del Código Penal Federal y desde agosto de ese año permaneció en su casa de la colonia Del Valle, en la ciudad de México.
Eventualmente acudía al juzgado tercero a firmar el libró de procesados libres bajo fianza, y según fuentes judiciales, su estado de salud cada vez se notaba más mermado, producto del cáncer pulmonar que padeció en los últimos años. Falleció el 17 de marzo de 2006, a los 77 años, con el nombre de Enrique Fuentes León como sombra del pacto de impunidad.
