Pablo Cabañas Díaz
Los “expertos” en relaciones internacionales que tuvieron importantes posiciones políticas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se han convertido en estaciones de radio y televisión de la ciudad de México en severos críticos de la actual política exterior. Estos “expertos” omiten múltiples hechos de corrupción de los fueron testigos e incluso participes. Un ejemplo de esto último tuvo lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando tomó posesión del despacho , Claudia Ruiz Massieu el 27 de agosto de 2015. En su gestión la modernización para la emisión de pasaportes tuvo importantes irregularidades que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) . Por este motivo la cancillería se reservó por un periodo de 12 años un contrato por 81 millones de dólares que se firmó con la empresa Veridos México, que presentó la oferta más cara vía licitación pública. Mediante una solicitud de información “a través del sistema de transparencia a fin de conocer el proceso de licitación por la que se adjudicó el contrato millonario a Veridos para expedir 7.5 millones de pasaportes, la cancillería respondió que proporcionar cualquier información sobre este hecho representaba “una amenaza a la seguridad nacioal, en virtud de que se revelarían datos personales, métodos, protocolos, procedimientos, así como las características, especificaciones técnicas, y demás candados de seguridad que se emplean para expedir el documento.
A cambio, la dependencia proporcionó una versión pública del contrato firmado el 27 de abril de 2015, en el que solo proporciona algunos datos generales. El documento refiere que el contrato fue por 81 millones de dólares y se firmó de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que la empresa ganadora era Veridos México. Las empresas que fueron desechadas porque supuestamente no cumplieron con diversos requerimientos técnicos de la convocatoria fueron: SixSigma Networks México; Morpho, en sociedad con Gemalto; Smartrac Technology y 3M; así como Vanget México en participación conjunta con TED, Tecnología Editorial, esta última presentó una queja ante la secretaría de la Función Pública argumentando que su oferta era la más baja con 12 millones de dólares. De acuerdo al proceso de licitación pública, Veridos fue la empresa que más puntuación técnica obtuvo por ofrecer altos estándares para recabar los datos biográficos y biométricos de los solicitantes del pasaporte. Además, se argumentó que la empresa ganadora contaba con la experiencia y los documentos solicitados que requería el perfil.
La cancillería aclaró que Veridos no fue contratada para la implementación de un nuevo sistema para expedir pasaportes vía internet, sino que el acuerdo era que la empresa modernizaría la emisión del documento. Tras presentarse serios problemas en el sistema , días después , en octubre de 2015, se anunció que la Función Pública había iniciado una investigación para determinar la responsabilidad de la empresa, en tanto se contrató a la empresa Softtek para regularizar el servicio. No se explicó a detalle sobre las afectaciones técnicas, y la justificación para no rescindir el contrato a la proveedora del servicio. Fue una decisión que al paso de los años se olvidó y de la que quedan 83 millones de dólares sin justificar.
