Pablo Cabañas Díaz
Hacia fines del 2011 el triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales era casi seguro, dado el desgaste e ineficacia del gobierno panista, la debilidad de su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, y la posible división de las fuerzas de izquierda ante dos candidaturas viables: la del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien gozaba de una imagen de izquierda moderna, y la de Andrés Manuel López Obrador.
El equipo de Peña Nieto decidió apostar por una victoria arrasadora que le garantizara al PRI la mayoría absoluta en el Senado y la Cámara de Diputados, de tal forma que el nuevo presidente pudiese realizar todas las reformas que considerara pertinentes sin verse sometido a negociaciones costosas.
El PRI desarrolló una impresionante campaña electoral durante la cual se realizó un gasto desorbitante que incluyó el financiamiento masivo y el apoyo logístico integral de los gobiernos estatales priistas. Los aparatos completos de gobierno se tornaron en operadores electorales con territorios y metas de votación claramente asignadas. La inversión realizada por esta vía es todavía incuantificable. La legislación electoral vigente en esos comicios carecía de las prescripciones necesarias para vigilar este tipo de gastos, y a la absoluta impunidad por la más completa ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y a la complicidad de los congresos estatales y de sus respectivos órganos de auditoría. El sondeo “Enrique Peña Nieto, 17 trimestres de gobierno” de Consulta Mitofsky muestra que tiene la calificación más baja desde el inicio de su mandato en diciembre del año 2012. Dichos resultados son los más bajos de entre las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y la actual.
