Pablo Cabañas Díaz.
Los últimas cifras oficiales en materia de seguridad pública, indican que México llega al final de octubre de 2019 con niveles de violencia sin precedentes. Se trata de una tasa de casi 14 asesinatos por cada cien mil habitantes, nuevo récord en al menos 22 años.
Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una reunión todos los días con el gabinete de Seguridad a las seis de la mañana. Éstas son encabezadas por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación y su subsecretario Alejandro Encinas; el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Marina y Defensa Nacional, Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval,
No hemos podido salir del ciclo de violencia agudo en este siglo. De 2001 a 2012, durante los dos sexenios en los que presidió el Partido Acción Nacional la agenda de seguridad y defensa en México estuvo compuesta por cinco instituciones: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el presupuesto asignado al sector de seguridad y defensa fue de 27,391 millones de dólares (mdd). Esto significó 0.57% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Por su parte, a la SSP se le asignaron 4137 mdd, lo que significó 14.55% del presupuesto de todo el sector. De esas estratosfericas cantidades la ausencia de transparencia fue el denominador común.
En el sexenio de Felipe Calderón, en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”, estos presupuestos crecieron sobradamente. Al sector de seguridad y defensa se le concedieron 53005 mdd, casi el doble del sexenio anterior. Esto equivalió al 0.73% con respecto al PIB. En ese sexenio, el rubro que mereció mayor atención fue justamente el de la SSP, adjudicándole 14500 mdd, más del triple de lo que se asignó en el sexenio de Fox. Esto equivale a 27.36% del presupuesto de todo el sector y a 0.20% del PIB. Sin embargo, este cambio cuantitativo no es el más importante.
Durante el gobierno de Calderón asistimos a la militarización de la seguridad. La SSP existió entre 2001 y 2012; a partir de 2013 sus funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación.
En enero de 2013, la Secretaría de Gobernación absorbió las facultades de la SSP a través de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Con esto se redujo significativamente el presupuesto directo ofrecido a la seguridad pública. Pensando en promedios anuales, Calderón fijó a este renglón 2417 mdd, mientras que Peña Nieto sólo asignó 1286 mdd por cada uno de los cuatro años de su presidencia. Sin embargo, eso no quiere decir que la seguridad pública esté dejando de ser una prioridad del gobierno. Más bien, este servicio dejó de ser una atribución exclusiva de la CNS (antes SSP.
En abril de 2014 se creó la Gendarmería de la República. Con 5000 elementos, era una nueva división de la Policía Federal que, alineada a la PGR, prometía estar altamente equipada y capacitada para el combate a los diferentes tipos de crimen organizado. Enseguida, se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tenía por objeto atender los factores de riesgo y protección en la materia. Sólo en estos dos rubros se destinaron cerca de 538 mdd, cerca del 28% de todo el presupuesto asignado al cns en ese año. Además, en esos cuatro años del gobierno de Peña Nieto el sector de seguridad y defensa recibió un presupuesto promedio anual de 8618 mdd, muy cercano al del sexenio de Calderón.
Estas cifras señalan que no podemos hablar de una retirada del Estado en el abasto de la seguridad pública en el periodo neoliberal. Al contrario, asistimos a una intervención creciente de los gobiernos en el sector, quizá paralela al incremento de la intervención privada. En el caso mexicano la posición políticamente estratégica de la seguridad pública obligó al Estado a intervenir más firmemente en este sector que en otros.
Esto hizo que la reestructuración del sistema nacional de seguridad no fuera igual a la de aquellas que se estaban efectuando en otros sectores, como el energético, la educación o la salud, por mencionar algunos casos donde el Estado, efectivamente, cedió espacio a empresas privadas. La seguridad pública fue instrumentada como un componente del Estado neoliberal, en el que la vigilancia y el control eran un medio para tratar la pobreza urbana y la marginalidad social que el propio Estado generaba al desregular la economía y reducir la protección en materia de bienestar social.
