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Pablo Cabañas Díaz

La semana pasada, desconocidos abandonaron una camioneta frente a la puerta 4 de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. Era una  camioneta de modelo antiguo, que con las luces encendidas parecía estar ocupada en su interior por lo que evitó cualquier sospecha durante las horas de la madrugada. Hasta que descubrieron en su interior un envoltorio con cables y cinta, que activó la alerta de amenaza de bomba. El artefacto tenía 20 emulsiones de las cuales 6 estaban preparadas con su fulminante. Dos horas después,  el explosivo fue detonado en una mina ubicada a 10 kilómetros de Salamanca, en la comunidad de La Tinaja. De manera simultánea, fue ubicada una manta en la que se exigía al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar a la Marina, Ejército y Policía Federal de Guanajuato. El mensaje fue  firmado por el Cartel de Santa Rosa de Lima, grupo criminal que domina el robo de combustible en la región.

Los hechos  acontecidos en Salmanca, -la semana pasada-, no es un caso aislado, hace nueve años, en Ciudad Juárez, Chihuahua un coche bomba dirigido contra la policía federal   municipal explotó a plena luz del día, matando a cuatro personas. Fue la primera vez en la historia de México que se utilizó un coche bomba contra la policía. El 11 de agosto de 2016, en una acción similar en el año  2010, en Guanajuato  fue ubicado un “coche-bomba” que desactivó  personal militar ante el  peligro de su inminente explosión.
Esta espiral de violencia muestra un escenario en extremo complejo para el nuevo gobierno federal. Hasta ahora el análisis más realista sobre los que acontece en el país fue el realizado por la consultora estadounidense Strategic Forecasting, conocida por el acrónimo Stratfor, que publicó un estudio titulado ‘Mexico: The Third War’, la México: La tres guerras, en el que señala que deben concebirse en los análisis tres conflictos confluyentes: El primero es la batalla entre los carteles por las plazas. El segundo es la batalla entre los carteles y el Estado mexicano (representado por las fuerzas federales que buscan restaurar el orden, contener la actividad criminal y llevar a los criminales ante la justicia). El tercero se refiere a los ataques perpetrados por grupos criminales contra la población civil traducidos en actos de violencia simbólica e intimidación para limitar su cooperación con el gobierno. De ese modo, conjuntamente, estas tres trincheras representarían un conflicto armado de baja intensidad.
En los últimos años, la capacidad logística, operativa y el armamento de los grupos del crimen organizado se volvió más sofisticado. Las autoridades han decomisado lanzacohetes, AK-47, ametralladoras Uzi, fusiles Galil, granadas de fragmentación, fusiles Barret, fusiles AR-15. Entre 2006 y 2012 pudieron incautarse a organizaciones delictivas los lanzacohetes de tipo RPG, y tipo LAW. El 1 de mayo del 2015, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó y derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana utilizando un lanzacohetes –diseñado para destruir tanques–  aprovechando el factor sorpresa para dañar la aeronave con un impacto directo. El arma utilizada, fue el cohete denominado RPG-7 cuya ojiva alcanzó el motor trasero del helicóptero que logró aterrizar de emergencia antes de incendiarse por completo.
Según los datos de la Sedena uno de cada seis “Cuernos de Chivo” es de la marca NORINCO, fabricante de origen chino que comercializa tecnología armamentística a nivel internacional, y que ha sido acusada entre otras cosas de vender misiles a países como Corea del Norte e Irán.
El “AK-47 chino” ofrece las mismas prestaciones que su hermano ruso pero a un precio menor ya que por ejemplo, sus modelos carecen del material cromado de en la zona del cañón y el gas. No se trata del único fusil diseñado para la guerra asegurado a los criminales en México. Solo por citar dos ejemplos más, entre lo decomisado figuran fusiles de asalto M-16 usados por el Ejército de Estados Unidos en conflictos como la guerra de Vietnam, o la escopeta Mossberg 500 calibre 12 utilizadas en operaciones como la denominada Tormenta del Desierto en Irak.
Las investigaciones realizadas sobre el origen del armamento, con el apoyo del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés)ha permitido establecer que el 75 por ciento de las armas decomisadas provienen de armerías de los Estados Unidos y son enviadas a través de la frontera norte de nuestro país. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal de armas mueve entre 170 y 320 millones de dólares cada año en el mundo. Estas cifras suponen entre el 10 % y el 20 % del mercado lícito del sector, de acuerdo con los datos del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en Madrid. En suma, estamos en un escenario de alto riesgo.

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