Por Pablo Cabañas Díaz
Las sociedades rara vez perciben el instante exacto en que comienzan a retroceder. No ocurre con estruendo ni con decretos visibles, sino mediante signos discretos, casi imperceptibles, que anuncian una erosión más profunda. El regreso del sarampión —una enfermedad vencida por la ciencia y por la organización pública— revela que algo esencial se ha debilitado en el entramado del Estado mexicano.
Durante buena parte del siglo XX, la construcción de la salud pública fue entendida como un componente central del proyecto nacional. Vacunar no era únicamente una acción médica: era un acto primordial para la salud colectiva . El Estado asumía la responsabilidad de proteger a la población frente a amenazas que el individuo, por sí solo, no podía enfrentar. La erradicación del sarampión fue uno de esos logros silenciosos que rara vez ocupan titulares, pero que sostienen la vida cotidiana de millones.
México logró eliminar la transmisión autóctona gracias a un sistema de vacunación sostenido, coherente y universal. No se trató de una hazaña improvisada, sino del resultado de décadas de planeación institucional. El Programa Nacional de Vacunación, consolidado en los años noventa, descansaba sobre un principio elemental: la salud colectiva no admite intermitencias. O es continua, o deja de serlo.
Ese principio hoy aparece fracturado. En enero de 2026, el país registró 7 624 casos acumulados de sarampión y transmisión activa en prácticamente todo el territorio nacional. Chihuahua concentró más de 4 500 contagios; Jalisco supera los 1 300; Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa configuran una cartografía que no distingue colores partidistas ni discursos ideológicos.
La primera muerte confirmada por sarampión en 2026, ocurrida en Michoacán el 25 de enero, elevó a 26 el número de defunciones desde el año anterior. Cada una de ellas encierra una verdad incómoda: se trata de muertes evitables. No hay incertidumbre científica, ni carencia de conocimiento. Existe, desde hace décadas, una vacuna eficaz, segura y accesible. Cuando el sarampión mata, no lo hace por fatalidad, sino por abandono.
La tasa nacional de letalidad —0.39 por ciento— parece moderada en el lenguaje estadístico, pero oculta desigualdades profundas. En Durango alcanza el 2.5 por ciento, una cifra que remite directamente a las condiciones estructurales del país: pobreza persistente, desnutrición infantil, sistemas inmunológicos debilitados. El virus actúa, pero es la desigualdad la que determina el desenlace.
El impacto más inquietante se observa en los menores de un año. Aunque el mayor número absoluto de casos se presenta entre niños de uno a cuatro años, la incidencia más elevada corresponde a los lactantes: 43.65 casos por cada 100 000 habitantes. Es el punto exacto donde la protección colectiva deja de funcionar. Cuando la inmunidad de rebaño se rompe, el cuerpo más frágil queda expuesto.
La aplicación de la llamada “dosis cero”, administrada entre los seis y once meses de edad, constituye una respuesta necesaria, pero también un reconocimiento del deterioro institucional. Esa dosis no estaba contemplada en el esquema histórico porque no era necesaria. Su incorporación revela que la prevención cedió su lugar a la contención de emergencia.
Las autoridades sanitarias han señalado que existen 27 millones de dosis disponibles y que la vacunación es gratuita, universal y sin requisito de afiliación. El problema, por tanto, no reside hoy en la falta del biológico, sino en la ruptura del sistema que debía garantizar su aplicación oportuna. Entre 2024 y 2025 dejaron de administrarse 22.5 millones de dosis de la vacuna triple viral. La cobertura descendió en algunos periodos hasta el 60 por ciento, muy lejos del 95 por ciento requerido para asegurar la inmunidad colectiva.
El deterioro en nuestro sistema de salud pública no surgió de manera súbita. Es el resultado acumulado de años de fragmentación administrativa, de la disrupción provocada por la pandemia de COVID 19 y de una pérdida progresiva del poder para incidir en las grandes decisiones nacionales de las autoridades pública. La salud no admite mensajes ambiguos. Cuando el Estado deja de comunicar con claridad, la desinformación ocupa el espacio.
Frente a esta realidad biológica, la protección individual es insuficiente. La defensa solo puede ser colectiva. Existen vacunas. Existe personal capacitado. Existe conocimiento científico. Lo que hoy se encuentra en disputa es la voluntad política y la continuidad institucional. Frente a esta realidad, la protección individual resulta insuficiente. Ningún esfuerzo aislado puede contener un fenómeno que es, por definición, colectivo.
La defensa solo puede ser común. Existen las vacunas. Existe personal capacitado. Existe el conocimiento científico acumulado durante décadas. Lo que hoy se encuentra verdaderamente en disputa no es la técnica ni la información, sino la voluntad política para sostenerlas y la capacidad del Estado para darles continuidad. Cuando la salud pública se fragmenta, no solo se debilitan las instituciones: se expone a la sociedad entera a un riesgo evitable.
