Pablo Cabañas Díaz
En marzo de 2015, a dos años de iniciada la presidencia de Enrique Peña Nieto, el experto en derechos humanos de la ONU, Juan Méndez, observó que la tortura era “generalizada” en México. El gobierno respondió atacando a Méndez. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, lo calificó de “irresponsable y poco ético” por haber formulado una acusación “que no pudo justificar”. Lo sorprendente de este ataque ad hominem fue que la afirmación del experto de la ONU, aunque profundamente preocupante, no tuvo nada de extraordinaria. Muy pocos mexicanos debieron haberse sorprendido en lo más mínimo ante su observación sobre la tortura en el país.El gobierno pretendió justificar su feroz ataque a Méndez alegando que su informe citaba únicamente 14 casos específicos de presuntas torturas. Es posible que si se hubieran agregado más casos concretos para complementar los datos cuantitativos y la valiosa información que incluía el informe, los hallazgos habrían sido aún más convincentes, si es que alguien todavía necesitaba algún convencimiento. Lo cierto es que, como lo sabía perfectamente el gobierno de Peña Nieto, sí había pruebas abundantes que avalan la conclusión del experto de la ONU.
A fines de 2014, ante una presión pública sin precedentes para que se esclareciera el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, la PGR construyó una versión oficial de lo ocurrido basándose principalmente en las declaraciones auto incriminatorias de personas detenidas, que en su mayoría presentaban huellas de tortura. Según un informe publicado este año por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), más de 30 de estos detenidos habían sufrido abusos como “golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica
Uno de los temas que fue sometido al escrutinio internacional el pasado 7 de noviembre, cuando se realizó el Examen Periódico Universal (EPU) de México en Ginebra, Suiza fue la tortura. Durante doce años de guerra contra el narcotráfico, la presencia de la milicia mexicana en las calles ha generado arrestos masivos.
El Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU entregó su estudio a la Cancillería mexicana en diciembre de 2017, sin hacerlo público, pero la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) solicitó la investigación en febrero pasado a través del Sistema Nacional de Transparencia.
El 4 de abril de 2018, por una solicitud legal de acceso a la información, “el Gobierno Federal de México se vio forzado a dar a conocer el informe que había mantenido en reserva”.El texto del órgano especializado de Naciones Unidas documenta “la corrupción en cárceles y confirma que la impunidad en los casos de tortura es la regla”
La secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Enrique Peña Nieto mantenía clasificado el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas sobre su visita a México en diciembre de 2016.
En el informe revelado, el SPT reconoció avances legislativos en torno a la prevención de la tortura en el país. Pero al mismo tiempo “reiteró que la tortura es una práctica generalizada, tal y como lo han reconocido otros mecanismos internacionales”.Asimismo, el organismo de la ONU confirmó que “la impunidad, casi absoluta, que prevalece en los casos de tortura fomenta su repetición”.
“
El SPT identificó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, “con el fin de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco”. Al mantener en reserva este informe, Relaciones Exteriores buscó que la impunidad prevaleciera.
