Por Pablo Cabañas Díaz
Cada reforma electoral es, en rigor, una teoría del poder puesta en acto; una definición práctica de sus límites. El 25 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa que, según se informó, recoge más de 1,357 aportaciones ciudadanas y será enviada al Congreso el próximo 2 de marzo. El dato no es accesorio: toda ingeniería institucional que aspire a perdurar debe nacer del diálogo público y no de la aritmética del poder. Pero la cifra no responde a la pregunta esencial: ¿qué República deseamos en el umbral de la tercera década del siglo XXI?
La Cámara de Diputados conservará sus 500 integrantes, aunque se modifica el método para elegir a los 200 de representación proporcional. Se suprimen las listas cerradas y se introducen fórmulas como la de los “mejores perdedores”, junto con diputaciones electas en circunscripciones y ocho escaños para mexicanos en el extranjero. La intención es inequívoca: debilitar la intermediación de los partidos y restituir al voto su densidad ética. La representación proporcional, concebida para ampliar la pluralidad, es sometida a una revisión de legitimidad. He aquí el viejo dilema republicano: armonizar gobernabilidad y diversidad sin que una asfixie a la otra.
En el Senado la reforma es más severa. De 128 escaños se pasa a 96; desaparece la representación proporcional y subsisten 64 senadores por mayoría relativa —dos por entidad federativa— y 32 de primera minoría. Se simplifica la fórmula y se privilegia el anclaje territorial del mandato. La claridad es virtud; la simplificación, riesgo. La Cámara alta ha sido un dique federal y un espacio de contención. La cuestión no es solo numérica: ¿preservará el nuevo diseño la complejidad del mosaico nacional o favorecerá la concentración mayoritaria? La República no es solo mayoría; es también equilibrio.
La iniciativa coloca la austeridad en el centro del debate. Se propone una reducción del 25% del costo electoral, con efectos en el INE, los partidos, los OPLES y los tribunales. Ningún consejero podrá percibir un ingreso superior al de la presidenta de la República, conforme al artículo 127 constitucional. Se eliminarán duplicidades y se reducirá el número de regidurías municipales, con un tope de quince. En un país herido por la desigualdad, la sobriedad institucional es imperativo moral. Pero las instituciones se deterioran tanto por la hipertrofia como por la anemia. La democracia exige recursos, profesionalización y continuidad; sin ellos, la austeridad puede devenir fragilidad.
En fiscalización, la reforma propone un sistema en tiempo real que permita al INE acceder a las operaciones financieras de partidos y candidatos. Se prohíben las aportaciones en efectivo y se incorpora el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades. Se toca aquí el nervio central de toda democracia: el dinero en la política. La transparencia es condición de equidad; sin ella, la competencia se deforma. Con todo, la tecnología requiere reglas claras, supervisión independiente y debido proceso.
Por primera vez se regula expresamente el uso de inteligencia artificial en campañas. Los contenidos generados o alterados mediante IA deberán identificarse; se prohibirán bots y granjas digitales destinados a manipular la opinión pública. Asimismo, la eliminación del PREP y el inicio inmediato de los cómputos distritales buscan ofrecer resultados preliminares al día siguiente de la elección. La rapidez es deseable; la certeza, indispensable. La confianza pública se construye con procedimientos auditables y vigilancia ciudadana efectiva.
La reforma incorpora además la prohibición del nepotismo y el fin de la reelección inmediata a partir de 2030.
El destino de esta iniciativa no se decidirá en la elocuencia de su exposición, sino en la precisión de su ejecución. Si fortalece la fiscalización, amplía la representación y reduce costos sin erosionar capacidades, habrá dado un paso hacia una democracia más exigente. Si la austeridad merma la eficacia o la simplificación restringe la pluralidad, la República perderá densidad. México no necesita menos democracia, sino una democracia de mayor espesor histórico: poder con límite, mayoría con respeto a la diferencia.
