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Pablo Cabañas Díaz.

Felipe Calderón Hinojosa consideró que las nuevas críticas que se han hecho al operativo “Rápido y Furioso”, forjado durante su administración, buscan impulsar la campaña electoral de Donald Trump. Entrevistado en el programa “La Silla Roja”, del periódico El Financiero”, se le cuestionó sobre la carta diplomática que envió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador al país vecino, solicitando información sobre esos hechos, y sobre la posibilidad de enfrentar un juicio por permitir la entrada de armas al país y ocasionar así la muerte de millones de mexicanos. Calderón subrayó que el operativo consistía en poner chips a rifles y armas de asalto que se vendían en el lado fronterizo de Estados Unidos, y no en que se permitiera la entrada masiva de armas a México.

El pasado 11 de mayo de 2020, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entregó a la Embajada de los Estados Unidos en México una nota diplomática respecto al operativo “Rápido y Furioso” que se llevó a cabo a finales de 2009. La nota diplomática en solicita a la ATF, toda información con la que cuente para determinar los alcances que tuvo este operativo y si el entonces gobierno de Calderón conocía de su implementación.

Si en efecto, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad.

En su momento el ex secretario de Justicia, Eric Holder, aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso. De acuerdo con un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, divulgado en junio de 2017, el Departamento de Justicia, bajo la guía de Holder, trató activamente de esconder los hechos a la familia de Brian Terry, el agente de la Patrulla Fronteriza que murió el 14 de diciembre de 2010 en un tiroteo entre miembros de esa agencia y elementos de un cartel del narcotráfico.

En 2012, el informe del Inspector General del Departamento de Justicia determinó que hubo “conducta indebida” o mal juicio por parte de varios funcionarios del ATF, pero que Holder no sabía de la operación encubierta hasta que se destapó el escándalo en 2010.  En 2020, en un contexto electoral este asunto vuelve a revivir en un escenario en el que coinciden los adversarios políticos que disputan el poder tanto en Estados Unidos como en México.

El 19 de 2016, la jueza federal Amy Berman dictaminó que el entonces presidente estadounidense Barack Obama no podía invocar “privilegio ejecutivo” y debería entregar al Congreso documentos conectados con “Rápido y Furioso”. Aunque el mandatario hizo llegar más de 64 mil documentos a los legisladores, invocó el llamado “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los archivos que su gobierno estaba dispuesto a entregar a la Cámara de Representantes. ¿Qué ocultaron Obama y Calderón que es tan importante para Trump y López Obrador?.

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