Por Pablo Cabañas Díaz
Guillermo Ortiz, ex secretario de Hacienda y ex gobernador del Banco de México, quien conoce los sótanos y las cumbres del poder financiero mexicano, ha hecho una advertencia que trasciende lo técnico para instalarse en el terreno de lo político. En su ensayo La paradoja de la estabilidad mexicana, publicado el 2 de abril de 2026 en el portal Project Syndicate, sostiene que la estabilidad ha funcionado como un biombo elegante tras el cual se oculta la erosión sistemática de la democracia. Se trata de la vieja tentación del autoritarismo eficiente: la ilusión de que puede amordazarse al Estado de derecho sin asfixiar al mercado. Hoy, esa tesis comienza a desmoronarse bajo el peso de una evidencia contundente: la arquitectura institucional es el único cimiento sólido que atrae al capital.
Lo que Ortiz describe no es una crisis coyuntural, sino una fractura del Estado. La centralización política y económica iniciada bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y que busca consolidarse en el presente, implica no sólo el debilitamiento de los contrapesos institucionales, sino también la gestación de una orfandad económica.
El capital —recuerda Ortiz— no es una cifra abstracta, sino un acto de fe depositado en la ley. Sin jueces independientes, el inversionista deja de ser socio para convertirse en rehén de la voluntad del Poder Ejecutivo. Esta afirmación, lejos de ser retórica, encuentra respaldo en los últimos análisis de BBVA, que subrayan el deterioro progresivo de las condiciones fiscales y su impacto sobre la confianza económica.
El diagnóstico de BBVA es severo. El llamado “espacio fiscal” del gobierno se ha reducido a niveles críticos: una vez cubiertos los compromisos ineludibles —pensiones y servicio de la deuda—el margen de maniobra se restringe a un exiguo 8 por ciento del PIB. Esta cifra no sólo revela una limitación presupuestaria, sino una parálisis estructural. La austeridad, en este contexto, deja de ser virtud para convertirse en riesgo. Los supuestos macroeconómicos contenidos en los precriterios de 2027 —déficit del -3.5 por ciento y superávit primario del 1.1 por ciento— aparecen más como ejercicios de prestidigitación que como proyecciones sostenibles.
Es en este punto, que la opinión del ex secretatrio de Hacienda y BBVA adquieren una densidad ineludible: la institución financiera señala que la rigidez del gasto público, se encuentra dominado por obligaciones irreductibles, ha comprimido el margen de acción del Estado hasta niveles que comprometen la credibilidad de la política fiscal. La persistencia de supuestos optimistas en los escenarios oficiales, advierten sus analistas, no sólo postergan los ajustes necesarios, sino que incrementan el riesgo de correcciones abruptas que podrían desestabilizar tanto el crecimiento como la confianza de los inversionistas.
Este escenario de asfixia fiscal y fragilidad institucional, se ha hecho presente de manera directa en Palacio Nacional. La llegada de altos directivos de BlackRock y de Global Infrastructure Partners — Larry Fink y Adebayo Ogunlesi— para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum no debe leerse como un gesto protocolario, sino como una señal inequívoca de que el capital global observa con atención y cautela el rumbo del país. No se trata únicamente de inversión, sino de confianza; no es sólo una cuestión de cifras, sino de certidumbre jurídica y de estabilidad institucional.
La lectura de este encuentro trasciende la anécdota. En este contexto, el T-MEC dejó de ser un refugio automático para convertirse en un espacio de negociación cada vez más condicionado por variables políticas. La soberanía, ejercida como discrecionalidad regulatoria, corre el riesgo de traducirse en aislamiento.
Cuatro casos emblemáticos ilustran esta tensión entre ambición política y viabilidad económica. El Tren Maya, concebido como motor de desarrollo regional, enfrenta cuestionamientos sobre su costo real y su capacidad de generar retornos sostenidos. La refinería de Dos Bocas, símbolo de la soberanía energética, ha rebasado presupuestos y plazos, tensionando aún más las finanzas públicas. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pieza clave del proyecto transístmico, se presentó como alternativa logística global, pero su consolidación depende de condiciones institucionales que hoy resultan inciertas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido como emblema de una nueva política de infraestructura, sigue enfrentando dudas sobre su rentabilidad y su integración efectiva al sistema aeroportuario nacional. En conjunto, estos proyectos configuran una apuesta de gran escala cuyo costo de oportunidad recae sobre un Estado con recursos cada vez más limitados.
Washington ha dejado de fingir que su relación con México se agota en el equilibrio comercial; hoy se desplaza hacia el control de la seguridad pública, un terreno donde cada decisión se convierte en un juicio explícito sobre la calidad de la gobernanza del país. La distancia entre el discurso oficial y la realidad material ya no es una grieta: es un abismo donde se sedimenta la incertidumbre. México no enfrenta únicamente una restricción presupuestaria, sino una crisis de fundamentos. La disyuntiva es: o reconstruye la arquitectura institucional que le daba sentido a su estabilidad o persistirá en una ficción cada vez más onerosa y frágil. En ese escenario, el deterioro institucional deja de ser una abstracción y se convierte en un costo tangible: menor inversión, mayor volatilidad y una erosión progresiva de las instituciones.
