Pablo Cabañas Díaz
La lucha constitucional y legal contra el fenómeno de la discriminación apenas inicia, agrupando todo un marco jurídico en materia de derechos humanos de igualdad y no discriminación. En el pasado reciente fueron los instrumentos internacionales que el Estado mexicano había firmado y ratificado, los que incidieron para que en nuestro texto constitucional existiera una cláusula genérica de no discriminación y otra sobre igualdad material o sustancial.
Hoy, en comparación con el pasado inmediato, es la propia sociedad la que demanda llevar a cabo diversas acciones para que convivamos en una sociedad más igualitaria. La igualdad es un principio normativo que implica la protección de los derechos de las personas con base en la defensa de las diferencias.. Esta temática estuvo ausente en el debate social aunque en los organismos especializados y en la academia se trataba de manera marginal . Somos una sociedad con grandes rezagos en materia de igualdad. Veamos la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer sería reconocida constitucionalmente hasta 1974, los derechos a favor de los pueblos indígenas en 1992 y 2001, los derechos de los menores en 1980 y 2000, y la prohibición expresa de la discriminación, no se incluyó en la Constitución (artículo 1º) sino hasta el año de 2001, publicándose en el año de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En México, las diferencias de hecho entre las personas se visibilizan cada vez más, y por lo tanto la desigualdad en las oportunidades y la falta de un real acceso al ejercicio de los derechos, producen que nuestro país sea un campo fértil para que prolifere la discriminación tanto en los hechos, como en el campo del derecho.
Las Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en sus distintas aplicaciones nos muestra que las percepciones y opiniones dominantes en considerables sectores de la población de nuestro país, están marcadas por profundos prejuicios discriminatorios, mismos que provocan división social, maltrato y falta de igualdad, afectando de esta manera los derechos y libertades de millones de personas y de diversos grupos en México. En vista de lo anterior, resulta urgente e impostergable, configurar en el plano normativo, tanto a nivel constitucional como legal en nuestro país, un auténtico derecho a la no discriminación, estableciendo los mecanismos necesarios para evitar su vulneración.
La tarea no es sencilla, implica no sólo cambios y reformas en el ámbito legislativo, sino también un cambio en la visión del Estado en distintos rubros, empezando por el económico, la alimentación, la educación, la salud, los servicios públicos, lo laboral, y sobre todo implica igualmente y de manera fundamental una transformación , que permita a la sociedad mexicana liberarse de falsas concepciones, estereotipos, prejuicios, fanatismos y odios injustificados que nos han impedido reconocernos a todos como iguales y que han sido un obstáculo para que la discriminación empiece a ser erradicada .
