Pablo Cabañas Díaz
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó en Palacio Nacional el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México, cuyos pilares son la integración energética y logística, el desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos de los migrantes en toda la región. Se trata, dijo Bárcena, “de un cambio de paradigma basado en la seguridad de las personas y no en la seguridad de las fronteras”.
La ejecución del plan implica una inversión de 10 mil millones de dólares al año durante la siguiente década (de 2020 a 2030) y cuyo objetivo es que las personas se queden en su lugar de origen, detalló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Los ejes del plan presentado por la Cepal son: desarrollo económico a partir de la fiscalidad e inversión; integración comercial, energética y logística entre los cuatro países; bienestar social: educación, salud y trabajo, así como la sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos, y la gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana, en la que se respeten los derechos, medios de vida y seguridad centrada en las personas.
Este esfuerzo del Gobierno de México reconoce que somos un país de tránsito de migrantes y una de las características distintivas de este flujo es que se trata de movimientos entre países fronterizos o geográficamente cercanos a la migración de centroamericanos con destino a Estados Unidos, a través de México. En los últimos años, los países de origen han sido predominantemente El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las estimaciones sobre la cantidad de personas, que cada año ingresan a México con la esperanza de llegar a la potencia del norte, van desde 150 mil hasta 400 mil migrantes (Organización Internacional para las Migraciones 2014), además no es fácil separar a los centroamericanos de quienes no lo son, como sudamericanos, caribeños, o incluso asiáticos y africanos.
Con las estadísticas del Censo de Estados Unidos, es posible lograr un mayor acercamiento a los cambios en la magnitud del fenómeno, esto es, a la cantidad de personas oriundas de Centroamérica que lograron llegar a Estados Unidos. De acuerdo con la misma fuente, entre 1980 y 1990 el número de inmigrantes aumentó en 780 mil personas. En el período de 1990 y el 2000, la cifra creció en 892 mil. Entre el 2000 y el 2010 la cantidad subió a 1 millón 027 mil inmigrantes. Es decir, los datos muestran un crecimiento absoluto en el periodo, más marcado en la primera década del nuevo siglo. Pero entre el 2006 y el 2015 el aumento fue de 736 mil personas, cifra que, si se le añade el promedio anual para ampliar el cálculo al 2016, alcanzaría los 817 mil inmigrantes. Entre 1980 y el 2015, el número de inmigrantes centroamericanos p A principios del 2017, Estados Unidos le había donado a México alrededor de 1 mil 600 millones de dólares por concepto de aeronaves, equipo, transferencia de tecnología y capacitación, de un total de 2 mil 300 millones de dólares asignados desde el comienzo del tratado. Los recursos fueron recibidos, principalmente, por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Migración, el Poder Judicial y gobiernos de los estados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración recaba datos biométricos de los migrantes, que luego comparte con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El gobierno mexicano, en acuerdo con el de Estados Unidos, anunció el 7 de julio del año 2014, en presencia del presidente guatemalteco y gobernadores de los estados sureños de México, la implementación del citado programa, con el fin de establecer mayores controles migratorios en la frontera sur de este país, agrupados en cinco ejes: paso formal y ordenado; mayor seguridad; protección y acción social a favor de los migrantes; corresponsabilidad regional; y coordinación interinstitucional. Para organizaciones defensoras de los derechos humanos, este programa tenía, de manera esencial, el objetivo de “detener la oleada”, más que el de ayudar a los migrantes, ya que los estadounidenses se alarmaran con la cifra, sin precedente, de más de 50 mil niños, aparentemente no acompañados, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en octubre de 2013, lo cual motivó que el entonces presidente de aquel país, Barack Obama, se reuniera con quien era su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, y tres semanas después se anunció el mencionado Programa, para tratar de controlar los flujos. El entonces titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó, de manera clara, que el propósito de la presencia del gobierno mexicano en la frontera sur: «evitar que le bajemos el peregrinar a ese problema.» .Era innegable que se trataba de un proceso de expulsión de gran magnitud la política que se empezaba a implementar y que hoy se busca una nueva alternativa para dar respuesta a este complejo problema.
