Pablo Cabañas DíazLa próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, manifestó que Andrés Manuel López Obrador le dio “carta abierta” para pacificar al país, porque “es hora que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y que hay una política de derechos humanos”. Estamos ante una tarea que va a implicar grandes esfuerzos por parte del próximo gobierno.
Fue la consultora estadounidense Strategic Forecasting, conocida por el acrónimo Stratfor, la que publicó un estudio titulado ‘Mexico: The Third War’, la México: La tres guerras, en el que señala que deben concebirse tres conflictos confluyentes: El primero es la batalla entre los carteles por las plazas. El segundo es la batalla entre los carteles y el Estado mexicano (representado por las fuerzas federales que buscan restaurar el orden, contener la actividad criminal y llevar a los criminales ante la justicia). El tercero se refiere a los ataques perpetrados por grupos criminales contra la población civil traducidos en actos de violencia simbólica e intimidación para limitar su cooperación con el gobierno. De ese modo, conjuntamente, estas tres trincheras representarían un conflicto armado de baja intensidad.
En julio de 2012, la revista estadunidense The New Yorker dedicó un amplio espacio a la lucha contra el narcotráfico y, a la luz de los resultados alcanzados, concluyó que en el país se vivía “una guerra de baja intensidad”. En 2016, The New Yorker afirmaba que México vivía una “guerra civil de baja intensidad” que se libraba principalmente en pueblos y ciudades de la que no se salva la población civil. El artículo citaba los casos del incendio en el Casino Royal, registrado en Monterrey, Nuevo León, la matanza de Boca del Río, Veracruz, y los granadazos en Morelia , Michoacán, la noche de un 15 de septiembre de 2008, entre otros hechos.
Un hecho sin precedentes tuvo lugar, hace ocho años, en Ciudad Juárez, un coche bomba dirigido contra la policía explotó a plena luz del día, matando a cuatro personas. Se cree que fue la primera vez en la historia de México que se utilizó un coche bomba contra la policía federal. El 11 de agosto de 2016, en una acción similar a la causante de la tragedia en ciudad Juárez en el 2010, en Guanajuato fue ubicado un “coche-bomba” que desactivó personal militar ante el peligro de su inminente explosión.
En los últimos años, la capacidad logística, operativa y el armamento de los grupos del crimen organizado se volvió más sofisticado. Las autoridades han decomisado lanzacohetes, AK-47, ametralladoras Uzi, fusiles Galil, granadas de fragmentación, fusiles Barret, fusiles AR-15. Entre 2006 y 2012 pudieron incautarse a organizaciones delictivas los lanzacohetes de tipo RPG, y tipo LAW. El 1 de mayo del 2015, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó y derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana utilizando un lanzacohetes –diseñado para destruir tanques– aprovechando el factor sorpresa para dañar la aeronave con un impacto directo. El arma utilizada, fue el cohete denominado RPG-7 cuya ojiva alcanzó el motor trasero del helicóptero que logró aterrizar de emergencia antes de incendiarse por completo.
Según los datos de la Sedena uno de cada seis “Cuernos de Chivo” es de la marca NORINCO, fabricante de origen chino que comercializa tecnología armamentística a nivel internacional, y que ha sido acusada entre otras cosas de vender misiles a países como Corea del Norte e Irán.
El “AK-47 chino” ofrece las mismas prestaciones que su hermano ruso pero a un precio menor ya que por ejemplo, sus modelos carecen del material cromado de en la zona del cañón y el gas. No se trata del único fusil diseñado para la guerra asegurado a los criminales en México. Solo por citar dos ejemplos más, entre lo decomisado figuran fusiles de asalto M-16 usados por el Ejército de Estados Unidos en conflictos como la guerra de Vietnam, o la escopeta Mossberg 500 calibre 12 utilizadas en operaciones como la denominada Tormenta del Desierto en Irak.
Las investigaciones realizadas sobre el origen del armamento, con el apoyo del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés)ha permitido establecer que el 75 por ciento de las armas decomisadas provienen de armerías de los Estados Unidos y son traficadas a través de la frontera norte de nuestro país. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal de armas mueve entre 170 y 320 millones de dólares cada año en el mundo. Estas cifras suponen entre el 10 % y el 20 % del mercado lícito del sector, de acuerdo con los datos del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en Madrid. Frente a este reto queda por ver que habrá de hacer con nuestras aduanas la próximo administración
