Como hizo en la reforma al Poder Judicial, Olga Sánchez Cordero se salió del salón para no votar la reforma electoral. La escena, que podría parecer un detalle menor en la coreografía habitual de la política parlamentaria, es en realidad profundamente reveladora. No se trata simplemente de una ausencia: es la metáfora perfecta de una forma de hacer política basada en la evasión, la ambigüedad y el cálculo personal.
A lo largo de su carrera, Sánchez Cordero ha cultivado cuidadosamente la imagen de jurista progresista y demócrata ilustrada. Durante dos décadas fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente se integró al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria de Gobernación y luego como senadora. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existe una trayectoria marcada por zonas grises que el discurso oficial rara vez menciona.
Uno de esos episodios tiene que ver con su notaría. Sánchez Cordero fue titular de la Notaría Pública 182 de la Ciudad de México, ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital. La figura del notario en México no es un simple oficio jurídico: es una posición de enorme poder económico, porque desde ahí se formalizan operaciones inmobiliarias y corporativas de gran escala. Durante años, su notaría formó parte de esa élite notarial que históricamente ha operado en estrecha relación con el poder político.
La relevancia de este punto no es menor. En México, las notarías han funcionado muchas veces como verdaderos enclaves de poder económico, otorgadas mediante decisiones políticas y convertidas en centros de negocios de alto valor. El hecho de que una figura con trayectoria en el Poder Judicial y luego en el Ejecutivo mantuviera ese tipo de intereses privados revela hasta qué punto la frontera entre el servicio público y el beneficio personal ha sido históricamente difusa.
Pero quizá el caso más revelador es el de sus concesiones de agua. De acuerdo con registros oficiales, Sánchez Cordero posee múltiples concesiones de agua para uso agrícola que suman más de un millón de metros cúbicos anuales, mientras que las concesiones vinculadas a su entorno familiar superan ampliamente esa cifra. Algunas de esas concesiones fueron otorgadas precisamente en el momento en que su incorporación al gabinete federal ya era conocida públicamente.
Este dato desmonta la narrativa moral que suele rodear su figura. Mientras el discurso político habla de transformación y de combate a los privilegios, la realidad muestra a una integrante del círculo gobernante beneficiándose de concesiones estratégicas de recursos naturales, en un país donde el acceso al agua se ha convertido en uno de los conflictos sociales más graves.
A todo ello se suma el episodio más reciente: la defensa pública de su hija tras perder la elección para integrar la Suprema Corte. Sánchez Cordero insistió en que su hija nunca tuvo privilegios y que su campaña había sido la mejor. Sin embargo, esa reacción dejó al descubierto un problema estructural: en México las élites jurídicas suelen reproducirse dentro de un circuito cerrado de familias, despachos, notarías y cargos públicos.
Por eso su salida del salón para no votar no es un gesto menor. Es, en realidad, una forma de entender el poder: evitar las decisiones incómodas mientras se preserva intacta la red de privilegios construida durante décadas. En la política mexicana, pocas cosas definen tanto a un personaje como sus silencios. Y los silencios de Olga Sánchez Cordero —ante las reformas, ante los conflictos de interés, ante los beneficios familiares— dicen mucho más que cualquier discurso solemne sobre justicia o democracia.
