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Pablo Cabañas Díaz/ 
Una investigación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad muestra las irregularidades que cometió la empresa brasileña en sus contratos para la construcción de instalaciones petroleras entre los años 2010 y 2014, así como la entrega de sobornos a funcionarios públicos. Desde el año 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Función Pública (SPF) contaban con pruebas que mostraban una serie de anomalías en los contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht.
Pemex canceló inversiones propias para cederle a Odeberecht el negocio del etileno, cuyos usos más conocidos ha sido para materias primas y para la fabricación de plásticos. Las condiciones de este contrato son un secreto y permanecerán así por 20 años. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron como lo revela está investigación realizada por mexicanos contra la corrupción  y publicada en los más importantes  periódicos de América Latina.
Paradójicamente, fue justo en el año en que la Auditoría descubrió las primeras anomalías cuando fluyeron los sobornos de Odebrecht, según han admitido ejecutivos de la constructora brasileña ante una corte federal en Nueva York. En su confesión, rendida el 21 de diciembre de 2016, reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, a cambio de contratos.
De acuerdo con los testimonios de ejecutivos de Obredecht en Estados Unidos, los sobornos en México por 10.5 millones de dólares se repartieron en dos momentos: en el primero fueron 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del gobierno calderonista. El segundo entre 2013 y el 2014, ya cuando Peña Nieto ocupaba la residencia oficial de Los Pinos.
Desde febrero de 2011, la ASF entregó al órgano interno de control de Pemex una relación de las primeras anomalías que un año antes había descubierto en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
Los tres años siguientes, el órgano fiscalizador que vigila el uso del erario y que en México está  vinculado a la Cámara de Diputados, encontró más anomalías en la misma obra, pero Pemex nunca promovió sanciones contra la empresa. El costo de esa obra se disparó 66 por ciento, pues el contrato original otorgado a Odebrecht fue por 634.9 millones de dólares y al final le pagaron 1,055 millones de dólares. Además, la constructora entregó la obra con cinco años de retraso; se había pactado finalizar en 2008 y se concluyó hasta 2013.
La ASF documentó cómo fue que desde 2010 Pemex avaló estos sobrecostos e incumplimientos. Entre 2010 y 2012, Odebrecht logró que el gobierno de Felipe Calderón les pagara 191 millones de dólares adicionales para concluir la obra en Minatitlán y Pemex le pagó otros 25 millones de dólares por 40 contratos complementarios otorgados sin licitación. La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo lo tramitó  la Secretaría de la Función Pública, quien realizó 19 audiencias conciliatorias, en las que Pemex siempre cedió a favor de la empresa brasileña.
En la revisión de dos contratos, los auditores descubrieron que Pemex había formalizado de manera improcedente dos convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo por 38 millones 691 mil dólares a favor de Odebrecht y sus asociados.
La revisión de la ASF descubrió más contratos irregulares. En uno de ellos, por ejemplo, pagaron un millón 520 mil dólares para trabajos extraordinarios que no se hicieron en Minatitlán. Lo mismo ocurrió en otros dos contratos, por los que Pemex pagó por duplicado o en exceso 508 mil dólares.
Los auditores también determinaron que un pago por 32 millones de dólares realizado en 2010, por mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un incremento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo líder el controvertido Carlos Romero Deschamps, “no está debidamente acreditado, ya que el soporte documental correspondiente presenta inconsistencias”. Pemex recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para eludir licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que le asignó a Odebrecht.

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