Pablo Cabañas Díaz
El twitt de la usuaria “Tecnochaira” fue demoledor: “Avísenle a Claudia Sheinbaum que somos feministas jóvenes las que protestan y que esas mismas feministas jóvenes hace mucho decidimos mandar al diablo a Marta Lamas ¿Cómo por qué creería que puede legitimarla alguien ya nos llamó exageradas cuando denunciamos violencia sexual?”. Rebasada la “asesora”, sin discurso frente a los hechos, el Gobierno de la Ciudad de México y un pequeño grupo de organizaciones acordaron instalar mesas de trabajo para crear un programa integral de atención, prevención y sanción a la violencia de género. Sin más opción en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum, admitió que “no ha sido suficiente lo que se ha hecho”. La jefa de Gobierno se olvida que las políticas públicas, en la medida en que establecen una obligación de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía. Hay un nuevo reto en el sentido de considerar la igualdad y la no discriminación en la práctica, reconociendo las necesidades diferenciadas y, en consecuencia, las medidas, contenidos y protecciones específicas a través de dichas políticas deben dar a las mujeres.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que en las últimas décadas ha sido reconocido como un problema que afecta a las mujeres alrededor del mundo y se han generado movimientos sociales para visibilizarlo. En México, el estudio de este fenómeno se puede visualizar en dos vertientes: los estudios estadísticos y los sociológicos. Dentro de los primeros se pueden mencionar los realizados durante los años noventa que constituyeron investigaciones sobre la magnitud de la violencia, pero fue hasta 2003 cuando se realizaron las primeras encuestas a nivel nacional que midieron cuatro formas de violencia: física, sexual, emocional y económica. Los segundos se desarrollaron a partir de un estudio pionero como “La investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana” impulsada en 2005 por la investigadora Marcela Lagarde a través del Congreso mexicano.
Lagarde aportó la tipificación de la violencia contra las mujeres de una manera más completa, identificando los tipos y modalidades así como la condición social y situación vital de las mujeres, y ofreció los fundamentos científicos para la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que, entre muchos otros elementos, establece por vez primera el término feminicidio, que ha sido el punto neurálgico que determina el quehacer y razón de ser de los albergues para las mujeres víctimas de violencia.
La violencia contra las mujeres tiene su origen en el “patriarcardo” y en la desigualdad resultante del mismo. Se trata de un fenómeno que se ve reforzado por las normas y valores de género que colocan a la mujer en una posición subordinada respecto del hombre, por ejemplo, una de las justificaciones para ejercer este tipo de violencia es que a las mujeres se les maltrata “por el hecho de ser mujeres”. Un problema central en la gobernabilidad de la ciudad. Un problema que merece ser atendido aceptando la realidad, y no tratando de evadirla.
Contrario a lo que se ha demostrado, el hogar es una arena de conflictos donde se conjugan relaciones de poder; privatización, referida a que los problemas personales se dirimen en casa, lo que contribuye a invisibilizar el problema de la violencia; justificación, mediante la cual se culpabiliza a las mujeres bajo el argumento de que “a ellas les gusta”, o “no sienten que las quieren si no les pegan” o que ellas provocan la agresión y equiparación, el argumento de muchos hombres y mujeres es que las mujeres también son violentas, lo cual es verdad, pero es “indiscutible que las violencias hombre-mujer y mujer-hombre no son equiparables ni en las causas que se asocian a una y otra, ni en sus consecuencias.
