Pablo Cabañas Díaz
A lo largo del siglo XX, los trabajadores de Mexicana de Aviación habían logrado materializar en su contratación colectiva garantías avanzadas para el sector a nivel nacional y en América Latina. Analizando sus contratos colectivos de trabajo, destacan los salarios de los pilotos que en 2009 iban desde 36 mil a 106 mil pesos aproximadamente dependiendo la antigüedad y escalafón. Los sobrecargos, en 2005 tenían salarios desde los 9 mil a los 18 mil pesos dependiendo también de los años de servicio y el nivel de puesto. También había, un esquema de jubilaciones atractivo, equivalente a 25 meses del salario íntegro ordinario en el caso de los pilotos y de 20 a 30 mil pesos en el caso de los sobrecargos y prestaciones que rebasaban ampliamente lo establecido en la Ley Federal del Trabajo: bonificaciones por antigüedad, extensión significativa de vacaciones y descansos, cobertura ampliada en gastos de alimentación y transportación, bonos de productividad, permisos sindicales, pases y descuentos en pasajes para familiares, entre algunas de las más importantes.
Este tipo de prestaciones fueron resultado de acuerdos bilaterales en los cuales los sindicatos existentes tuvieron mucha fuerza y capacidad de acción. En el año 2005, para la nueva gerencia perteneciente al Grupo Posadas, este esquema salarial se trataba de un proteccionismo anacrónico en un contexto que imponía la necesidad de flexibilizar los mecanismos de regulación laboral; razón por la cual se catalogaba a las organizaciones sindicales y a las iniciativas que de éstas surgieran como un peligro para las utilidades de la empresa. La privatización de Mexicana fue un hecho polémico. La Corporación Internacional de Transporte Aéreo (CINTRA) que controlaba las acciones de Mexicana y Aeroméxico vendió los derechos de propiedad de la primera al Grupo Posadas, dirigido por Gastón Azcárraga Andrade, el cual tenía una trayectoria en el sector hotelero, pero ningún tipo de experiencia en la aviación.
La operación se llevó a cabo en 166 millones de dólares, pero según representantes de Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), estaba valuada en mil 456 millones otorgándole así la empresa a menos del 11% de su valor. La condición del “regalo” fue que la nueva empresa asumiría los pasivos laborales que en ese momento alcanzaban los 294 millones de dólares. Una cantidad que era insignificante sobre el valor total de la empresa. Al vender por separado ambas aerolíneas -Mexicana y Aeroméxico-, el precio de las mismas se fijó a un valor mucho menor: si el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) las hubiera vendido juntas, éstas alcanzaban los 2 mil millones de dólares, mientras que separadas apenas valían 400 millones cada una. Estas cifras no concordaban con las reconocidas por dirigentes de ASPA y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (AJTeam) el precio al que se vendió Mexicana, fue un obsequio para Azcárraga Andrade del gobierno de Vicente Fox.
Las condiciones de la venta no estuvieron claras y generaron amplia desconfianza dentro del sector de la aviación; aún más al tratarse de una empresa que en ese momento contaba con estabilidad económica, generaba rentabilidad y repartía utilidades entre sus trabajadores. Otra situación sospechosa se dio el mismo día que Azcárraga Andrade adquirió la aerolínea: luego de la compra transfirió el 65% de sus acciones a personas físicas y empresas diversas, entre las cuales se encontraba la Compañía Administradora Profesional de Hoteles del Grupo Posadas. Con esta operación, Azcárraga obtuvo más de 140 millones de dólares.
Posteriormente, en junio de 2006, Grupo Mexicana extrajo de la aerolínea 198 millones de pesos que iban a ser transferidos al fideicomiso F-797 creado con el objetivo de generar un plan de remuneraciones para los trabajadores; sin embargo, dichos recursos se utilizaron para adquirir acciones -por un monto de 197 millones 971 mil 395 pesos-, que estaban en poder de la administradora anteriormente citada. Además, ese mismo día dicha compañía realizó una transferencia por 110 millones 700 mil pesos a otra cuenta de Grupo Posadas. Es decir, hubo desviación de fondos desde Mexicana hacia otras compañías del mismo corporativo.
Desde 2005 a 2010 no sólo no se capitalizaron los pasivos laborales, sino que se desviaron recursos en forma ilícita a otras propiedades del Grupo, hubo malversación de fondos del fideicomiso F/797 creado para las pensiones, al mismo tiempo que creció de manera exponencial el endeudamiento con empresas proveedoras del sector de la aviación como Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxicoq, con instituciones públicas como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y fundamentalmente con Banorte y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
El Banco Nacional de Comercio Exterior le otorgó un préstamo en septiembre de 2009, por un monto de 900 millones de pesos que fue muy polémico por haberse dado en condiciones completamente inviables; lo que dejó en evidencia que esa institución coadyuvó al desfalco ejercido definido como “crimen financiero”. Los pasivos sumaron un total de 14 mil 292.2 millones de pesos al 4 de agosto de 2010. A la total “irresponsabilidad estatal y empresarial”en la gestión de la aerolínea se sumó un contexto económico desfavorable que coadyuvó a la caída “en picada” de la misma. En el año 2009, la ampliación de contratos de arrendamiento de aviones, la epidemia de la influenza que duró de marzo a junio y el alza de los combustibles fueron tres elementos importantes que desencadenaron la crisis financiera que llevó al cese de operaciones de Mexicana de Aviación en agosto de 2010.
Estos crímenes financieros quedaron impunes el 28 de noviembre de 2018, tres días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, el encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, y el entonces subprocurador especializado en Delitos Federales, Felipe Muñoz, solicitaron que se cancelara la orden de aprehensión contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade, librada cuatro años antes, el tres de octubre de 2014, tras la quiebra de la aerolínea Mexicana de Aviación.
La orden de aprehensión en contra de Azcárraga Andrade fue librada por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito era por delitos previstos y sancionados en el artículo 383, fracciones I y II de la Ley de Mercado de Valores, por proporcionar información financiera falsa a los inversionistas sobre el valor de la compañía y omitir información relevante a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que Grupo Posadas difundió información falsa en el reporte anual del 31 de diciembre de 2008, cuando declaró que su inversión en Mexicana era de 30.41% con un valor de “cero pesos”; pero un diagnóstico determinó que debió haber reflejado un valor contable de su inversión por un monto de por lo menos 71 millones 452 mil pesos.
De acuerdo con Agustín Liñán, apoderado legal de ASPA, Elías Beltrán y Felipe Muñoz pasaron por alto que esas pruebas ya habían sido objeto de análisis en el recurso de revisión número 219/2016, en donde en sesión pública de fecha 12 de julio de 2018 se determinó que no se les otorgaba valor y se resolvió que eran “irrelevantes para excluir la responsabilidad de Azcárraga Andrade en los hechos que se le imputaban”. En suma, días antes del final del sexenio de Peña Nieto, Azcárraga Andrade logró se exonerado de las “crímenes financieros que se le imputaban. Queda la duda de qué negoció Azcárraga Andrade con la administración de Peña Nieto.
