Por Pablo Cabañas Díaz
Los recientes episodios vinculados a la no transmisión de la entrevista de Sabina Berman a Eduardo Verástegui en Canal Once y Canal 14, así como el retiro de contenidos asociados al comediante Teo González en espacios de difusión pública, han colocado nuevamente en el centro del debate la fragilidad del espacio público en México. Ambos casos, distintos en forma pero coincidentes en lógica, revelan una tendencia inquietante: la administración selectiva de la palabra desde instancias que, por su naturaleza pública, deberían garantizar la circulación plural del discurso. No se trata aquí de simpatías ideológicas ni de afinidades personales, sino de un problema estructural: cuando el Estado —a través de medios financiados por la ciudadanía— decide qué voces pueden ser escuchadas y cuáles deben ser silenciadas, el debate democrático se desplaza del terreno de la argumentación al de la exclusión.
Esta exclusión no se presenta como censura explícita ni como prohibición autoritaria. Por el contrario, adopta un lenguaje técnico, moral y administrativo que pretende neutralidad. Se habla de protección de derechos de las audiencias, de responsabilidad editorial, de cuidado frente a discursos considerados dañinos. Sin embargo, cuando estos criterios no se someten a deliberación pública, cuando no se explicitan ni se discuten de manera abierta, dejan de ser garantías democráticas y se convierten en instrumentos de control simbólico. La opacidad es, en este sentido, el rasgo definitorio de la censura contemporánea.
No se trata de defender las ideas de Verástegui, muchas de ellas anacrónicas, regresivas y profundamente cuestionables. La democracia no exige simpatía, exige tolerancia. La pregunta no es si sus posturas merecen aplauso, sino si el Estado —a través de sus medios públicos— puede decidir qué ideas son moralmente aptas para circular y cuáles deben ser confinadas al margen. Ese criterio, históricamente, ha sido el umbral de todas las ortodoxias. Cuando el poder asume la facultad de definir la legitimidad moral del discurso, el espacio público deja de ser un ámbito de deliberación y se transforma en un terreno de disciplinamiento.
En una democracia deliberativa, el conflicto no es una anomalía, sino una condición constitutiva. El espacio público no existe para confirmar consensos previamente establecidos, sino para ponerlos a prueba mediante el intercambio racional de argumentos. Cancelar la circulación de ideas incómodas no protege a la sociedad: la empobrece. Sustituir el debate por el veto equivale a despojar a la ciudadanía de su capacidad crítica y de su derecho a formarse un juicio propio.
Los medios públicos ocupan una posición estratégica en este proceso. No son simples plataformas técnicas, sino instituciones mediadoras entre sociedad y poder. Su legitimidad no proviene de su afinidad con una visión del mundo, sino de su capacidad para hospedar la pluralidad. Cuando Canal Once o Canal 14 restringen el acceso a determinadas voces bajo criterios ideológicos no explicitados, erosionan el principio de la competencia argumental que sostiene a la democracia moderna. La comunicación deja entonces de orientarse al entendimiento y se convierte en una herramienta de administración del consenso.
Frente a esta realidad, suele argumentarse que las redes sociales compensan la exclusión de los medios públicos. Sin embargo, esa compensación es parcial y engañosa. La fragmentación del debate, la lógica algorítmica y la precariedad informativa impiden que estos espacios sustituyan la centralidad simbólica de los medios de difusión masiva. El acceso a la visibilidad sigue siendo un recurso escaso, administrado por instituciones que deciden qué discursos merecen ser amplificados y cuáles deben permanecer en la periferia.
Defender la libertad de expresión, en este contexto, no implica renunciar a la crítica ni legitimar discursos regresivos, sino preservar el derecho colectivo a confrontarlos públicamente. Una democracia que teme a la palabra incómoda termina por desconfiar de sus ciudadanos; y un Estado que administra el silencio, incluso con el lenguaje de la responsabilidad, erosiona la legitimidad del espacio que dice proteger.
