Pablo Cabañas Díaz.
Los estragos de la pandemia por el COVID-19 comienzan a sentirse y son innumerables las situaciones a las que nos tendremos que enfrentar cuando las cosas vuelvan —si es que es posible— a la normalidad. En tanto, los países se están enfrentando a grandes retos. ¿Cómo pueden tener una pandemia, con un virus de amplia transmisividad sin afectar las libertades individuales y sin que se considere que sus acciones afectan de manera directa los derechos humanos?
Los principios de los derechos humanos y las acciones gubernamentales han generado molestias y descontento en grupos de la población pues además de las consecuencias económicas que representan las medidas sanitarias, en su mayoría las decisiones en una pandemia implican restricción directa de las libertades individuales.
En este tenor es que debemos reflexionar el impacto que han tenido una serie de medidas para evitar la reunión de más de 50 personas en un mismo lugar y sobre todo la de permanecer en resguardo domiciliario voluntario durante 30 días, y el énfasis en un resguardo estricto para personas en situación de riesgo como son las personas mayores de 60 años y las mujeres embarazadas.
Estas medidas mostraron desfaces a nivel federal y estatal e incluso municipal. Es a raíz de la declaración del cese de actividades no esenciales y el exhorto a los ciudadanos para permanecer resguardados en sus domicilios que comienzan a existir diversas inconformidades, sobre los alcances que pueden llegar a tener estas medidas y las afectaciones sufridas a las libertades civiles y a los derechos humanos durante la pandemia y posterior a ella.
El principio de legalidad exige que toda la administración pública lleve a cabo sus tareas con base en la normativa jurídica. La pandemia de COVID-19 además de traer a relucir distintas problemáticas sociales, políticas y económicas, genera discusiones sobre los alcances de los derechos humanos, uno de ellos el más importante en este momento es el de la protección a la salud y cuáles son las medidas adecuadas por parte de los gobiernos para atender la pandemia.
En esta pandemia, nos queda claro que los derechos humanos, requieren de estructuras que permitan ser garantizados, por lo que, en lo concerniente a este derecho, no solo se debe de garantizar el acceso a los servicios públicos de salud, sino también cualquier otra medida sanitaria necesaria para una atención apropiada y oportuna justo en el momento en que se den las epidemias. Lo que debe incluir incluso la suspensión de actividades no esenciales, aunque eso implique una inactividad económica y una afectación tanto para las empresas como para los trabajadores.
