Por Pablo Cabañas Díaz
México vive hoy sitiado por una contradicción persistente: la distancia entre el texto y la conducta, entre la letra constitucional y la práctica cortesana del poder. Nos proclamamos República y, sin embargo, actuamos como si habitáramos todavía en el patio barroco del virreinato. Tenemos una arquitectura jurídica que invoca ciudadanía, división de poderes y soberanía popular; pero en su subsuelo palpita un corazón antiguo, donde la cercanía al príncipe sustituye al mérito y la ley se inclina ante el favor.
La República —la Res publica— no es una abstracción académica ni una consigna ceremonial. Es la afirmación radical de que lo público no pertenece a nadie en particular y, precisamente por eso, pertenece a todos. Es el territorio moral donde la ley es el único sol legítimo, fuente de autoridad que no proyecta sombras de privilegio. En la República, el poder no es herencia ni botín: es préstamo transitorio, mandato vigilado, encargo sometido al escrutinio permanente de la norma. Gobernar, en sentido republicano, es obedecer primero a la ley y después a la conciencia.
Pero en nuestra geografía política emerge, una y otra vez, el patrimonialismo. Max Weber lo describió con precisión clínica: es la confusión entre el patrimonio del gobernante y el patrimonio del Estado; la mentalidad que concibe al país como hacienda y a las instituciones como habitaciones privadas de una casta. No es solo un desorden administrativo: es una enfermedad moral. Es la tentación de creer que el cargo otorga propiedad y que la función pública legitima el usufructo personal. Allí donde el Estado se privatiza simbólicamente, la ciudadanía se reduce a clientela.
En esa deriva, el privilegio adquiere ropaje aristocrático. El caso de María Amparo Casar ilustra esta tensión. Defender una pensión millonaria de Petróleos Mexicanos como derecho incuestionable no es mera controversia contable: es fractura ética. Cuando recursos estratégicos de la nación se orientan a preservar prerrogativas excepcionales, el ideal republicano se resquebraja. El erario deja de ser instrumento de igualdad y se convierte en garantía de quienes se perciben por encima de la ley común. La cuestión no es solo jurídica; es moral: ¿puede una República tolerar que el privilegio se disfrace de legalidad?
El episodio de Marx Arriaga, atrincherado en oficinas de la Secretaría de Educación Pública, revela la confusión entre biografía e institución. En una República, el despacho no es trinchera ni trofeo; es espacio transitorio de servicio. El cargo no se defiende como fortaleza personal, sino que se entrega con sobriedad. Cuando un servidor público convierte su oficina en feudo y su salida en negociación, revive el eco feudal que la modernidad pretendió superar. La institución no es prolongación del individuo; el individuo es, apenas, custodio temporal de la institución.
La escena se agrava cuando el poder ofrece embajadas como moneda de cambio. El hecho de que Mario Delgado sugiera la Embajada de México en Costa Rica como “salida política” es síntoma de una cultura donde la representación diplomática se degrada a compensación administrativa. La diplomacia no es premio ni refugio; es función estratégica del Estado. Convertirla en transacción es aceptar que el aparato público es bolsa de favores y no estructura de responsabilidades.
La culminación de esta lógica aparece en el testimonio de Julio Scherer Ibarra sobre el “círculo de fuego” presidencial. Cuando la ley deja de ser límite y se convierte en instrumento de la voluntad del mandatario, la República se disuelve en la ficción normativa. Si el jurista ya no interpreta la norma sino que la amolda al deseo del líder, la legalidad se vuelve máscara del poder personal. Entonces la Constitución no orienta al poder: lo legitima retrospectivamente.
México oscila así entre la promesa republicana y la sombra del Virrey. Persisten las formas democráticas, pero el hábito mental del vasallaje resiste en la cultura política. Seguimos buscando padrinos donde deberíamos exigir derechos; seguimos celebrando nombramientos como favores y no como designaciones sujetas al mérito y la ley.
El desafío no es exclusivamente jurídico: es ético. Es comprender que una embajada no se regala, que una oficina no se posee y que el presupuesto público no es patrimonio de cúpulas. Mientras no desterremos esa pedagogía del privilegio, la República seguirá siendo un espejismo. Solo cuando aceptemos que nadie está por encima de la norma —ni el influyente, ni el ideólogo, ni el amigo del poder— podremos afirmar que la sombra del Virrey ha sido desplazada por la luz severa y exigente de la ley.
