Pablo Cabañas Díaz.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha pedido que, para enfrentar la crisis del coronavirus, y la caída de los precios del petróleo, se requiere liderazgo por parte del gobierno. En este contexto, sería bueno señalar que, para muchos empresarios, cuando el gobierno asume su liderazgo se presentan situaciones como la acontecida en febrero de 1995, cuando se instrumentó un rescate financiero para empresarios y banqueros por 50 mil millones de dólares.
Ese rescate liderado por el gobierno se tradujo en una deuda que todavía estamos pagando los mexicanos. Recordemos que, en 1995, tuvimos una recesión económica- grave y profunda – México, el peso tuvo una devaluación del 95 % respecto al dólar; la crisis bancaria, desencadenó una baja en la producción, la inversión y el empleo. En ese momento había un crecimiento sin precedentes de la cartera vencida de todas las ramas de la actividad económica.
Fue en ese escenario, que el entonces presidente Ernesto Zedillo optó por rescatar a los bancos -en lugar de permitir su quiebra- preservando el derecho de los accionistas. Para instrumentar esa salida se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cuyo objetivo era resolver los problemas de insolvencia, absorbiendo la cartera vencida. Con la aprobación del Fobaproa –hoy Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)– por acuerdo de la Cámara de Diputados de diciembre del 1998, se endeudó a la sociedad mexicana por un monto que fluctúa en los 100 mil millones de dólares.
La crítica que se hace al presidente Zedillo es que se rescató a los bancos en quiebra con los banqueros en la abundancia. Esa posición también se expresa en el argumento de que “por salvar a un pequeño grupo de banqueros, se endeudó a generaciones de mexicanos”. Diversos análisis académicos critican el esquema utilizado para instrumentar al Fobaproa, y coinciden en que fue mal distribuido el rescate. El punto que todavía hoy es motivo de disputa es que el rescate costó desempleo galopante, quiebra de pequeñas y medianas empresas, violencia social, aparición de los deudores de la banca los llamados “barzonistas”, y la proliferación sin límite de la economía informal.
En 1995 México era la economía más endeudada de América Latina, incluso superando a la de Brasil. Mucha de esa deuda tuvo orígenes de corrupción y malos manejos de los banqueros mexicanos. Los bancos del Estado que habían pasado al sector privado quebraron casi en su totalidad. Más del 80% de la banca mexicana fue adquirida por la banca internacional. Esta nueva crisis financiera dejaría al país carente de recursos para alimentar su futuro desarrollo.
Otro error político que todavía está presente es que, en plena crisis de cartera vencida, la Secretaría de Hacienda se regocijaba por los ”extraordinarios resultados” de los programas de apoyo a los bancos, pero sus abogados amenazaban, perseguían y exprimían a millones de pequeños y medianos deudores. Mientras eso sucedía públicamente, el Subcomité de Recuperación del Fobaproa, silencioso, fortalecía su operación limpieza y, veloz, atendía a los grandes deudores de prominentes empresas y sus respectivos hombres de negocios, de acuerdo con los que se aprecia en las actas del propio Fobaproa. Con el aval de Zedillo, el PRI y el PAN habrían de legalizar la cartera del Fobaproa: para transformar la deuda privada en deuda pública.
