Por Pablo Cabañas Díaz
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida de las primeras elecciones judiciales en la historia del país, atraviesa una crisis que no es menor ni anecdótica. No se trata únicamente de un problema de imagen ni de un error administrativo aislado, sino de una fisura simbólica que desnuda las tensiones profundas entre el discurso político de la llamada austeridad republicana y las prácticas reales del poder cuando este se institucionaliza.
Apenas han pasado unos meses desde que la nueva Corte asumió funciones y ya se acumulan los signos de una contradicción que recuerda —con inquietante familiaridad— viejos hábitos del aparato estatal mexicano. Primero fueron las camionetas blindadas y de lujo; ahora, la compra de togas que, por su costo y oportunidad, ha detonado una nueva polémica que golpea directamente la legitimidad moral del máximo tribunal.
Según una investigación publicada por Froji MX, pocas semanas después de celebradas las elecciones judiciales, los nuevos ministros de la Corte adquirieron seis togas por un monto total de 160 mil 80 pesos. Cada prenda tuvo un costo individual de 26 mil 680 pesos. Meses más tarde, ya con los ministros plenamente instalados en sus cargos, el órgano judicial realizó una segunda compra: otras seis togas por 134 mil 467 pesos. En total, doce togas, casi 300 mil pesos: exactamente 294 mil 574 pesos erogados en un símbolo que, más que vestimenta, representa la solemnidad del poder judicial.
Los nombres no son menores ni abstractos. En estas adquisiciones aparecen el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, así como Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías. Tres ministras —Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jasmín Esquivel— no participaron en esta compra específica, aunque no por razones de austeridad sino porque ya contaban con togas de periodos anteriores.
El dato no atenúa la crítica; al contrario, la amplía en el tiempo. En 2021, Loretta Ortiz ordenó la compra de tres togas por un monto cercano a los 75 mil pesos. En 2023, con su llegada a la Corte, Lenia Batres realizó una adquisición similar por 84 mil pesos. El patrón se repite: el rito del poder se impone, incluso en aquellos que llegaron prometiendo romper con él.
. La toga no es un objeto neutro. En la tradición republicana mexicana, y más aún en el imaginario de la Cuarta Transformación, simboliza una distancia entre el pueblo y sus jueces, una jerarquía que muchos prometieron cuestionar. No es casual que Hugo Aguilar, hoy presidente del máximo tribunal, haya afirmado durante su campaña que no utilizaría toga como gesto de cambio. La realidad administrativa, sin embargo, terminó por desmentir al discurso.
El escándalo adquiere mayor densidad política si se le observa junto al episodio de las camionetas Jeep Grand Cherokee, valuadas en aproximadamente un millón 700 mil pesos, que fueron devueltas tras la presión mediática. En un comunicado reciente, la Suprema Corte reiteró su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo” y con la construcción de “una justicia real y verdadera”. Las palabras, sin embargo, quedaron suspendidas en el vacío apenas unas horas después, cuando se conoció la nueva investigación sobre las togas.
Lo que se erosiona no es solamente la imagen de un puñado de ministros. Lo que se pone en cuestión es la coherencia del proyecto político que los llevó al cargo. El oficialismo que encabeza Claudia Sheinbaum ha hecho de la austeridad una bandera ética, casi un principio fundacional. Ver a sus figuras más visibles atrapadas en la lógica de los privilegios —por mínimos que estos parezcan frente a los excesos del pasado— genera un daño acumulativo que no debe subestimarse.
La historia política mexicana enseña que los regímenes no se desgastan únicamente por grandes traiciones, sino por la suma de pequeñas incongruencias. La toga costosa, la camioneta blindada, el lenguaje burocrático que intenta justificar lo injustificable: todo ello construye una narrativa que el poder suele subestimar, pero que la sociedad percibe con claridad.
En última instancia, la pregunta no es cuánto cuesta una toga, sino qué tan lejos está el poder judicial —y el proyecto político que lo respalda— de reproducir aquello que prometió superar. La nueva Corte nació con la promesa de ser distinta. Hoy, antes siquiera de consolidarse, comienza a parecerse peligrosamente a lo que dijo venir a reemplazar.
