POR PABLO CABAÑAS DÍAZ
La historia política de México no avanza en línea recta; describe una espiral en la que las rupturas proclamadas terminan por dialogar con aquello que pretendían superar. Cada generación anuncia el fin de un régimen y el nacimiento de otro, pero la memoria institucional —persistente, casi orgánica— reaparece bajo nuevas formas. La llamada Cuarta Transformación, erigida como impugnación moral del ciclo neoliberal, plantea en febrero de 2026 una interrogante estrictamente histórica: ¿asistimos a una profundización democrática o a la reconfiguración de una hegemonía con lenguaje renovado?
La evocación del diseño político articulado por Plutarco Elías Calles no obedece a la nostalgia ni a la caricatura, sino al análisis estructural. Aquel modelo descansaba en un partido dominante capaz de garantizar estabilidad a cambio de concentración decisoria. La unanimidad electoral, el control territorial y la centralidad del Ejecutivo no eran anomalías, sino piezas de una arquitectura vertical. Cuando el poder adquiere impulso total : la división de poderes subsiste en el texto, pero se debilita en la práctica.
El proceso electoral de 2024 otorgó a Morena y a sus aliados una mayoría decisiva en la Cámara de Diputados y una gravitación determinante en el Senado, además de la titularidad del Ejecutivo federal. A ello se añadió la reforma judicial que introdujo la elección popular de jueces y ministros, modificando el equilibrio tradicional entre poderes. El rediseño fue presentado como ampliación democrática; sus críticos lo interpretan como un mecanismo de alineamiento institucional. La concentración no se proclama: se consolida mediante rutinas administrativas, mayorías disciplinadas y consensos inducidos.
La narrativa oficial sitúa a la Cuarta Transformación en la secuencia de las grandes gestas nacionales. Sin embargo, la aritmética del poder revela continuidades más que fracturas. Desde la Constitución de 1824 hasta el centralismo de 1836; del liberalismo de 1857 al sistema posrevolucionario que cristalizó en el Partido Revolucionario Institucional, la constante ha sido la búsqueda de estabilidad mediante fórmulas de cohesión vertical. La hegemonía no necesita declararse: se manifiesta en la disciplina parlamentaria, en la coordinación territorial y en la convergencia pragmática de lealtades.
No estamos ante una reproducción mecánica del antiguo PRI. El discurso actual reivindica la regeneración ética y la justicia social. Sin embargo, el riesgo estructural es conocido: cuando la legitimidad popular se convierte en justificación suficiente, el poder tiende a confundirse con la voluntad general. La movilidad partidaria —esa elasticidad doctrinal que transforma convicciones en instrumentos— evidencia una cultura política donde el partido funciona como vía de acceso al Estado antes que como comunidad programática.
El PRI posrevolucionario gobernó integrando sectores sociales en un sistema jerárquico que administraba conflictos y distribuía beneficios. Morena ha tejido su propia red de apoyos mediante programas sociales de amplio alcance y una narrativa de restitución histórica. La diferencia es tecnológica: la hegemonía ya no descansa en el corporativismo clásico, sino en la centralidad comunicacional y en la capacidad de modelar la conversación pública. El pluralismo no desaparece; se reduce a disenso periférico.
En febrero de 2026, el proyecto gobernante enfrenta una prueba decisiva. Puede consolidar su mayoría como fundamento de un nuevo pacto incluyente o derivar hacia una homogeneidad política que sustituya la deliberación por la adhesión. La experiencia mexicana enseña que los sistemas cerrados se perciben invulnerables hasta que las variables económicas, sociales o internacionales alteran su equilibrio.
El dilema no radica en la comparación nominal entre Morena y el PRI, sino en la capacidad de la nación para institucionalizar la diversidad sin convertirla en amenaza. La espiral histórica continúa su curso. Morena puede ser instrumento de estabilidad republicana o mecanismo de concentración prolongada. Todo depende de si el poder acepta límites efectivos o se concibe como patrimonio legitimado por la mayoría. En esa definición se cifra, una vez más, la viabilidad del orden constitucional mexicano.
