Por Pablo Cabañas Díaz
Durante la década de los años 80 en México, el panorama de la seguridad pública estuvo marcado por instituciones policiales que, en muchos casos, operaban bajo sombras de corrupción y autoritarismo. Entre ellas, la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT) del Distrito Federal, bajo el mando de Arturo Durazo Moreno, conocido como “El Negro” Durazo, emergió como la entidad con mayor poder y notoriedad. Nombrado jefe durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), Durazo ejerció un control absoluto sobre la policía capitalina, extendiendo su influencia a través de una vasta red de corrupción, extorsión y represión. Su ascenso, sin una carrera militar formal, lo convirtió en un “general de plumazo”, generando controversia desde el inicio.
La DGPyT, responsable de la seguridad en el entonces Distrito Federal, se transformó bajo Durazo en un aparato de impunidad y abuso. Se caracterizó por prácticas como la tortura sistemática, la extorsión a subalternos y la fabricación de delitos para mantener el control. Un elemento clave fue la creación de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), una unidad infame por albergar agentes corruptos que, en lugar de combatir el crimen, protegían a delincuentes y generaban falsos arrestos. Esta división no solo consolidaba el poder de Durazo, sino que también servía como herramienta para intimidar opositores políticos y sociales, en un contexto donde el régimen priista buscaba mantener el orden a cualquier costo.
Además, Durazo Moreno fue vinculado al narcotráfico, controlando la comercialización de drogas como la cocaína y la marihuana en la capital. Se ha argumentado que esta relación formaba parte de una estrategia deliberada: fomentar la delincuencia para justificar más arrestos y recursos, perpetuando así su dominio. Esta conexión con el crimen organizado no era aislada; reflejaba un patrón más amplio en México, donde las instituciones policiales a menudo se entretejían con intereses ilícitos. Mientras tanto, otras entidades como la Policía Federal, con una historia de más de 80 años y profesionalización en áreas como el transporte, la seguridad marítima y aeroportuaria, mantenían una influencia nacional pero no alcanzaban el control directo y omnipresente que la DGPyT ejercía en el Distrito Federal.
En contraste con la Policía Federal, cuya jurisdicción era más dispersa y orientada a funciones específicas, la DGPyT bajo Durazo representaba el pináculo del poder policial en los 80. Su legado de corrupción dejó una huella profunda en la percepción pública de la ley y el orden, contribuyendo a la erosión de la confianza en las instituciones. El fin de su era, con su arresto en 1984 por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito, marcó un punto de inflexión, aunque los problemas estructurales persistieron. En última instancia, la DGPyT ilustra cómo el poder policial en México de los 80 no solo se medía por recursos o alcance, sino por la capacidad de operar con impunidad absoluta, moldeando la seguridad pública en beneficio personal y político.
