Pablo Cabañas Díaz
La renuncia de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho inusitado, lleno de interrogantes, por el hermetismo que mantiene la Corte, y el mismo Medina Mora.
La ausencia de autonomía política del sistema de justicia y la simulación de procesos—muestra que el problema que enfrenta el país en esta materia es estructural, y consiste ante todo en la continuidad de la falta de transparencia y en su falta de autonomía del régimen político.
La ausencia de transparencia que vive el Poder Judicial, de procuración de justicia y las policías ha generado una institucionalidad precaria —cuya operación es altamente informal—, ha creado un sistema que funciona con base en la corrupción sistémica como se observa con la renuncia de Medina Mora por lo que se viene desarrollado una cultura conservadora tanto en los mandos institucionales como en los operadores jurídicos, quienes se oponen a los cambios que vive el país, debido a que afectan a múltiples intereses creados de la élite que detenta estas instituciones.
La crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace diez años ha conducido a que la opinión pública haya desarrollado un interés creciente en las instituciones de justicia, en los últimos años. Sin embargo, el fracaso de la profesionalización de las policías, y el agravamiento de la crisis de seguridad y justicia, indican que el problema no se limita al sistema judicial y a las fuerzas del orden, sino que abarca al régimen político en su conjunto.
La inoperancia del sistema de justicia ha tenido en la historia contemporánea de México consecuencias dramáticas, pues es por su medio que los regímenes democráticos deben garantizar los derechos de ciudadanía en su integralidad, es decir, el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. De nada sirve aumentar los derechos ciudadanos en la Constitución, como se ha venido haciendo en México en el ciclo de veinte años de la transición a la democracia, si no hay forma de exigirlos. El lugar secundario y subordinado que el sistema de justicia ha tenido en el régimen político mexicano es bien conocido. Esta condición se refleja en la bajísima institucionalidad y notable incapacidad operativa del Poder Judicial, de las procuradurías de justicia y de las policías. Esa pesada herencia sigue impactando el funcionamiento del sistema de justicia y los derechos humanos como eje del ejercicio de la justicia en México.
