Pablo Cabañas Díaz
El Estado mexicano carece a la fecha de un verdadero servicio civil de carrera y de políticas públicas de largo plazo eficaces y bien instrumentadas, y en cambio padece la constante rotación de cuadros. En el caso de, la reforma al Poder Judicial se centró equivocadamente en preparar los juicios orales, es decir, en los jueces y en los juzgados, sin consideración adecuada de la reforma policiaca y de la administración de justicia. Igualmente fue dejado de lado el tema de los mecanismos alternativos de justicia, el fortalecimiento de las instituciones de defensoría pública, la institucionalización de medidas cautelares adecuadas al nuevo sistema y, en el final de la cadena, un verdadero control de sentencias y una reforma del sistema penitenciario.
El llamado “nuevo” Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, tanto en el fuero federal como en las entidades federativas, la mayoría de las críticas se enfocan en la deficiente capacitación de los operadores jurídicos del sistema —elementos de las policías preventivas o investigadoras, peritos, agentes del ministerio público, jueces y magistrados—, así como de la insuficiente educación continua de los abogados postulantes y estudiantes de la carrera de derecho; también en la ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar, de manera adecuada, las carpetas de investigación.
Diego Valades, ex procurador general de la República y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había advertido sobre diversas inconsistencias académicas en la implementación del Sistema de Justicia Penal, entre las cuales se encuentran “la falta de colegiación de los abogados postulantes o la preparación inadecuada de los jóvenes en las escuelas e instituciones de educación superior”, lo cual podría generar “las condiciones del fracaso de este nuevo sistema de justicia, llegado el plazo constitucional”.
La mayor preocupación de los estudiosos del derecho penal estriba en que los operadores jurídicos aún no cuentan con los conocimientos suficientes para gestionar, de manera eficiente, los procedimientos necesarios para integrar correctamente las carpetas de investigación y, con ello, poner a disposición de los jueces de oralidad a aquellas personas a quienes se considere como probables responsables de la comisión de un hecho que la ley señale como delito; pues no hacerlo de esta manera podría generar una percepción negativa en la sociedad acerca de la prevalencia de situaciones de corrupción e impunidad atribuidas generalizadamente al anterior Sistema de Justicia Penal.
De igual modo, la designación de los jueces y magistrados encargados de operar el Sistema de Justicia Penal debe ser resultado de un imparcial proceso de selección, para poder contar con los mejores perfiles académicos, desterrando así la costumbre de colocar en esos puestos de tanta importancia social a personajes sin los suficientes conocimientos jurídicos y méritos profesionales.
