Pablo Cabañas Díaz
En el siglo XX como ahora cuando el control corporativo del PRI no bastaba para ganar una elección, se acudía al fraude electoral. Ejemplos sobran, uno de los más emblemáticos, fue el del doctor Salvador Nava en San Luis Potosí, quien fue torturado físicamente por el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) a fin de persuadirlo de no participar en política y de ceder en su empeño por desplazar democráticamente al eterno cacique de esa entidad, Gonzalo N. Santos quien ya había sido gobernador de la entidad, cinco veces diputado y dos veces senador.
En 1988, con la Revolución mexicana muerta y con su acta de defunción redactada por el gobierno de Miguel de la Madrid los proyectos sociales y políticos de la Revolución fueron confinados al cajón de los recuerdos. El Estado emanado de la Revolución quedó prácticamente desmantelado lo que agrandaría las profundas desigualdades sociales.
Con la llegada de Acción Nacional al poder, la ciudadanización de los órganos electorales de nada sirvió; el PAN, también recurriría al fraude y a la imposición, así quedaría de manifiesto en la elección presidencial del 2006 . Las tácticas para la obtención de votos como el “ratón loco”, la “urna embarazada” o la “operación tamal”, siguen vigentes aplicadas por el PRI el PAN y el PRD. Pues a pesar de la tecnología y el desarrollo de las instituciones democráticas de México, en cada jornada, los delitos electorales son un mal común, que van desde el acarreo hasta la coacción del voto con despensas o dinero.
Los delitos electorales, según la ley pueden ser cometidos por funcionarios electorales, candidatos, servidores públicos, ministros de culto religioso o bien por ciudadanos en general, y en todos los niveles de gobierno. Aun cuando el catálogo es amplio y cada entidad federativa tiene sus respectivas sanciones, desde el inicio de la vida democrática de México las conductas fraudulentas son recurrentes y constantes.
Un ejemplo que llama la atención a los juristas es que durante siete años el semanario Proceso litigó en instancias a nivel nacional e internacional para que el antiguo IFE abriera los paquetes electorales de la elección del 2006. En todo momento la decisión de las autoridades electorales fue rechazar la petición bajo el argumento de que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Mientras que el tribunal electoral y la Suprema Corte de Justicia arguyeron que no se trataba de un tema de acceso a la información, sino uno de índole estrictamente electoral, reservado a los partidos políticos. Al final las boletas utilizadas en la elección de 2006, tuvieron como destino un proceso de reciclado de papel y un reconocimiento de que la tradición del fraude electoral en México, es y seguirá siendo el sello de los comicios.
Como consecuencia de muchas décadas de elecciones fraudulentas, los ciudadanos ven al sufragio con desconfianza. Uno de los retos para la consolidación democratica será el cambiar las actitudes polticas que se cultivaron en el antiguo régimen, y que hoy deben ocupar un papel importante en la decisión de acudir a las urnas: frenar a quienes nos quieren imponer a nuestros gobernantes.
