Pablo Cabañas Díaz
El presidente Donald Trump continúa su guerra comercial con varios países y, desde hace unos días, su frente más activo es México. El próximo 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del cinco por ciento a todos los bienes que ingresan desde México. Los aranceles aumentarán a diez por ciento el 1 de julio y luego tendrán incrementos mensuales de cinco por ciento hasta que, el 1 de octubre, alcanzarán el 25 por ciento. Según el presidente Trump los aranceles se mantendrán en ese nivel a menos que el gobierno mexicano detenga la entrada ilegal de extranjeros en territorio estadounidense.
El endurecimiento de la política migratoria del presidente Trump no solo contradice la propia historia de esa nación, como país formado por migrantes, sino que parte de un reduccionismo del problema migratorio y de datos e información erróneas, todo lo cual ha generado una resistencia que no se ha limitado a los países afectados sino que se va extendido a líderes políticos, autoridades, organizaciones civiles y a una parte de la propia ciudadanía estadounidense, que comprenden que esta política no resolverá el problema de fondo. Sin embargo, un sector muy importante del electorado cree que las medidas implementadas contra la inmigración son las correctas.
Al asumir Trump la presidencia señaló desde un principio su intención de reducir la cooperación estadounidense hacia el mundo, lo que incluía obviamente a América Latina. Cumpliendo con lo prometido, para el presupuesto de 2018, Trump planteó un drástico recorte del 36% en la ayuda externa a América Latina —administrada por el Departamento de Estado y por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)—, que afectaba indistintamente a los diversos países de la región, recortaba los fondos de casi todos los tipos de asistencia y planteaba la eliminación de la Fundación Interamericana, una pequeña agencia independiente de asistencia estadounidense que promueve el desarrollo de base en la región. En efecto, el Gobierno de Trump propuso reducir el presupuesto de USAID, con presencia en 19 países de América Latina, para pasar de 1.111 millones de dólares en 2016 a 756 millones en 2018, dejando en cero a Cuba .
Recortes similares fueron planteados para México de 160 millones a 87 millones de dólares. Trump ha dispuesto recortes en las aportaciones a diversos fondos de organizaciones internacionales que han tenido un impacto en la región, en ámbitos tan diversos como derechos humanos, medio ambiente, género, salud, etc.
Este es el caso, por ejemplo, de las reducciones efectuadas en el financiamiento tanto de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas (aprobada por la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 31 de octubre de 2000) como de la Agenda 2030, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De igual modo, se ha reducido en un 61% los programas centrados exclusivamente en la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres, no obstante que en este tema, muestra un retroceso en los últimos años evidenciado en el Informe Global de Brecha de Género 2017. En la misma línea, el presidente Trump planteó una reducción de 31% de su presupuesto 2018 para el financiamiento de programas de ayuda alimentaria en el mundo, esto es de 3.5 billones de dólares a 1.5 billones; en términos más concretos, ello implica reducir la cobertura de 67 millones de personas a 29 millones de personas. Trump también propuso eliminar un programa de ayuda alimentaria para hambrunas en el extranjero dotado con unos 1.700 millones de dólares. En suma, la imposición de un arancel del 5 por ciento a productos mexicanos entra en la lógica de Trump , no reconocer esta realidad es un jugar con fuego y evadir la realidad
