Pablo Cabañas Díaz
En su campaña del 2018 por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador revivió la idea de la Guardia Nacional como una fuerza de paz. El fundamento de la propuesta, esbozada bajo el rubro plan de seguridad pública, fue repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas con la creación de una Guardia Nacional. Fue un diagnóstico crítico, de la Policía Federal, así como de los agentes ministeriales estatales y una lectura de la situación de inseguridad, percibida como una emergencia nacional.
En términos generales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvieron que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior y que sólo el Ejecutivo está facultado para disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior.
Con la resolución de la Suprema Corte, se perfiló una propuesta que fue presentada a finales de 2018: el objetivo sería constituir una fuerza de 150 mil elementos en un plazo de tres años. La base de esa fuerza fueron las aportaciones de unos treinta mil elementos de la policía militar; de diez mil marinos de la Policía Naval; y un contingente de aproximadamente veinte mil hombres de la Policía Federal. Además se implementó un programa ambicioso de reclutamiento de nuevos elementos. Sin duda, la propuesta de la Guardia Nacional representa una apuesta claramente pragmática, en un contexto profundamente adverso.
A mediados de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de cambios constitucionales para establecer la Guardia Nacional En el Senado, el dictamen de la Guardia Nacional enfrentó un escenario más complicado. Tratándose de reformas a la Constitución, se requería de una mayoría calificada. Fue claro que Morena y sus aliados no contaban con los votos necesarios para aprobar el dictamen como había sido enviado por la cámara baja. En el proceso de discusión y consideración de la propuesta, se perfilaron diversas dinámicas que a su vez reflejaron diferentes intereses, percepciones y vulnerabilidades.
Diez gobernadores del PRI y los gobernadores de Morelos y Nuevo León dieron su aval a la propuesta del presidente López Obrador sobre la Guardia Civil. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, habló de la necesidad de dar certeza a familias y soldados. Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, fue aún más lejos al dar su apoyo “sin chantajes ni regateos”. Reconoció que en su estado se logró en poco tiempo la pacificación gracias a la participación del Ejército, razón por la cual con la creación de la Guardia Nacional se podría “extender este modelo a todo el país”. Los gobernadores de Guerrero y de Campeche también dieron su apoyo y reconocieron la necesidad de “recuperar territorios” y de una reforma “que nos dé viabilidad”, pero apuntaron ciertas condiciones. Por su parte, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, subrayó la necesidad de un mando civil.
Los gobernadores panistas, las organizaciones empresariales también manifestaron su respaldo a la iniciativa de la Guardia Nacional. Aunque se había perfilado un bloque contrario en el Senado, integrado por los coordinadores del PAN, PRD y PRI, ello no impidió el avance de las negociaciones. Entre el 17 y el 21 de febrero de 2018, ambas instancias intercambiaron propuestas y contrapropuestas y terminaron por votar de manera prácticamente unánime (un voto menos por ausencia) la aprobación del dictamen para la creación de la Guardia Nacional. En términos generales, contempló un plazo de cinco años para integrar la Guardia Nacional y regresar a los soldados a los cuarteles. Además, se acordaron plazos para la promulgación de tres leyes secundarias: la ley orgánica de la Guardia Nacional, la ley para el registro de detenidos y una ley sobre el uso legítimo de la fuerza. Los acuerdos contemplaron también compromisos paralelos, encaminados a asegurar que los estados y los gobernadores desarrollen y apuntalen sus capacidades de policía.
En una sesión denominada como histórica, 127 de 128 senadores votaron a favor de las reformas y otorgaron al presidente la facultad para emplear a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero sujeto a los criterios de control civil y democrático establecidos por la teoría constitucional moderna y organismos internacionales de derechos humanos. El saldo final de las negociaciones sienta las bases para creación de una institución policial de naturaleza civil, adscrita a una instancia civil, la recién establecida Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Así, se autoriza el despliegue, sujeto a criterios de regulación, fiscalización y subordinación, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante un periodo máximo de cinco años.
