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Pablo Cabañas Díaz

(Tercera parte)

El gobierno de Enrique  Peña Nieto impulsó un proyecto reformista con profundo sentido conservador. Su diagnóstico era que el capitalismo mexicano debería salir de su modelo  estatal para tener viabilidad a largo plazo, sobre todo después de 30 años de estancamiento. Al final del sexenio 2012-2018  se observa que el proyecto de restauración del presidencialismo no es viable en ausencia de una verdadera  fuerza del Estado. Es la profunda degradación del Estado en todas sus instancias y niveles, pero especialmente en el ámbito local , lo que bloquea el desarrollo del país y lo coloca en una crisis de gobernabilidad en varios estados entre ellos: Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. La ingobernabilidad se asocia al empoderamiento del crimen organizado y a la colonización de los gobiernos estatales y municipales por parte de fuerzas delincuenciales.
 Los ejemplos abudan  y  los análisis coinciden en que la crisis de gobernabilidad inicia con la tragica desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otros seis en Iguala el 26 de septiembre de 2014;  con la ejecución extrajudicial de 16 personas en Apatzingán, Michoacán. A esta realidad se suma el estallido de escándalos de corrupción por colusión de intereses que  desde octubre de 2014, no paran.
La masacre de Tlatlaya buscó ser ocultada y hasta la fecha todo el aparato de Estado trabaja para limitar los daños y borrar las huellas de la ejecución extrajudicial como política de Estado en la lucha contra el crimen organizado. La incapacidad para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es tan solo la manifestación radical de las limitaciones del Estado mexicano, tanto en el terreno legal, institucional como político.
La Procuraduría General de la República queda como una dependencia al servicio del titular del poder Ejecutivo y a la fecha  no ha podido localizar los cuerpos de los estudiantes ni construir un caso creíble contra los culpables materiales e intelectuales del crimen de los 43 estudiantes desaparecidos.
La gravedad de estas y otras muchas violaciones a los derechos humanos exigirá más temprano que tarde la creación de una Comisión de la Verdad que aclare la responsabilidad del Estado en estos crímenes y promueva la reparación del daño y el castigo a los responsables. En los escándalos de las casas del Presidente y de los entonces secretarios de Hacienda y Gobernación la única estrategia ha sido la negación de un patente conflicto de interés.
Todos estos factores señalan la precariedad del proyecto de restauración del presidencialismo impulsado por el régimen. Siguiendo el camino que marcó 25 años atrás el presidente Carlos  Salinas, se quizo, al mismo tiempo, modernizar la economía y preservar el régimen autoritario. Hoy como entonces, esa combinación fue imposible y llevó al fracaso el proyecto “modernizador” de Peña Nieto.

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