Pablo Cabañas Díaz
(Segunda parte)
Hacia fines del 2011 el triunfo de Peña Nieto en las elecciones presidenciales era casi seguro, dado el degaste e ineficacia del gobierno panista, la debilidad de su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, y la posible división de las fuerzas de izquierda ante dos candidaturas viables: la del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien gozaba de una imagen de izquierda moderna, y la de Andrés Manuel López Obrador.
El equipo de Peña Nieto decidió apostar por una victoria arrasadora que le garantizara al PRI la mayoría absoluta en las cámaras de senadores y diputados, de tal forma que el nuevo presidente pudiese realizar todas las reformas que considerara pertinentes sin verse sometido a negociaciones costosas. El PRI desarrolló una impresionante campaña electoral durante la cual se realizó un gasto desorbitante que incluyó el financiamiento masivo y el apoyo logístico integral de los gobiernos estatales priístas. Los aparatos completos de gobierno se tornaron en operadores electorales con territorios y metas de votación claramente asignadas. La inversión realizada por esta vía es todavía incuantificable. La legislación electoral vigente en esos comicios carecía de las prescripciones necesarias para vigilar este tipo de gastos, y a la absoluta impunidad por la más completa ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y a la complicidad de los congresos estatales y de sus respectivos órganos de auditoría.
Después de este inmenso gasto el PRI no alcanzó la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2012, lo cual obligó a Peña Nieto a cambiar radicalmente su estrategia. Dado que sus promesas de campaña, centradas en grandes reformas económicas, exigían cambios constitucionales, el riesgo de veto por el PAN y/o por el PRD se actualizó y hacía temer el regreso a la situación de parálisis política que el propio Peña había propiciado en los últimos años al torpedear todas las iniciativas de Calderón. Era necesario imaginar otro método de gobernabilidad parlamentaria.
La decisión de López Obrador de construir su propio partido (Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA), al margen de su vieja coalición de izquierda, dejó suelto al PRD, al tiempo que el ex presidente Calderón fracasó en su intento de controlar al PAN al término de su gobierno. Estos fueron factores favorables a la negociación entre el grupo de Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD. La agenda política resultante fue una especie de síntesis de un programa de gobierno, que implicaba la construcción de un presidencialismo de coalición, que aseguraría la aprobación de un amplio paquete de reformas legales, institucionales y de políticas públicas. La lista estaba conformada por casi cien acuerdos de importancia diversa, pero sin duda ambiciosos, incluyendo las reformas faltantes del ciclo neoliberal (fiscal, energética, regulatoria), pero también una amplia gama de reformas del Estado necesarias para la consolidación de una democracia operativa (nuevo órgano anticorrupción, nueva reforma electoral, implementación de la reforma penal, empoderamiento del órgano garante de la transparencia cuyo contenido se sintetiza en el Pacto por México.
El pacto dejó de lado a los gobernadores y a todos los actores de la sociedad civil; fue un acuerdo solo de la alta élite gubernamental y partidaria, totalmente a espaldas de la sociedad. Del lado del gobierno el cálculo fue que el éxito de las reformas compensaría sus costos simbólicos y sociales y le daría legitimidad post factum . Del lado de los dirigentes del PAN y del PRD, la apuesta fue que las reformas democráticas acordadas acotarían el poder del gobierno y abrirían las puertas a una competencia política más equilibrada, lo que legitimaría su decisión de pactar. Los resultados fueron en sentido inverso de lo esperado.
El retraso de la implementación del Pacto en 2013 llevó a que las reformas consideradas centrales para el gobierno -inversión privada en energía y regulación de los monopolios telefónico y televisivo- se desplazaran a la primera mitad del año 2014. Las reformas democráticas relevantes -órgano anticorrupción, nueva legislación en materia de trasparencia- fueron aprobadas en el primer tercio del 2015, y todavía se encuentran inconclusas. En 2014, se aprobó una reforma política centralizadora de los procesos electorales con nuevos candados al gasto.
