Pablo Cabañas Díaz.
La doctora Diana E. H. Russell (1938) redefinió el término de Carol Orlock femicide, el asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres en un libro titulado: “Femicide: The Politics of Woman Killing” publicado en 1992. Russell es una de las pioneras de la segunda ola de feministas con su análisis sobre las violencias contra mujeres y niñas, además de numerosos materiales sobre supervivientes de violencia sexual, especialmente en Sudáfrica. La obra de Russell es amplia. Lamentablemente todavía la mayor parte de sus obras no han sido traducidas al idioma español. El término feminicidio fue acuñado por Russell. Este término fue definido como “el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”. La propia Russell explica que “representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales”.
El término posee antecedentes en lengua inglesa desde comienzos del siglo XIX, pero empezó a usarse de manera popular desde 1976 cuando Russell lo utilizó ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer. Desde entonces se lo empleó abundantemente en la década de 1990 y también se introdujo al español, a raíz de la visibilizarían de los masivos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos.
Hay un consenso sobre la utilidad de la categoría del feminicidio para dar nombre a un problema social de dimensiones aún desconocidas con el fin de que la sociedad lo conozca y lo reconozca, como sucedió con otros atentados a los derechos humanos de las mujeres que también permanecían en la sombra. Se trata de hacer visible la muerte violenta de muchas mujeres desde una para poner de manifiesto que no son hechos aislados atribuibles a factores puramente individuales sino que responden a causas estructurales, a la sumisión en que la sociedad sitúa a las mujeres como colectivo subordinado. Con ello se persigue, entre otras cosas, romper con la tendencia a justificar de forma velada ciertas muertes violentas de mujeres —sobre todo las ocurridas en el ámbito privado— por su vinculación con «crímenes pasionales» o con supuestas «causas de honor», una tendencia todavía presente que se han denunciado por su contenido claramente discriminatorio y generador de prejuicios contra las víctimas.
Un hecho importante en México en el acceso de las mujeres a la justicia lo constituye la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 25 de marzo de 2015. En ella, la Primera Sala establece que en el caso de muertes de mujeres se debe: 1) identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer; 2) verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta; 3) preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual; 4) hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.
La sentencia plantea que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, con el fin de combatir argumentos que, con base estereotipos, impiden el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. Las obligaciones mínimas de las autoridades que investigan una muerte violenta son: i) identificar a la víctima; ii) proteger la escena del crimen; iii) recuperar y preservar el material probatorio; iv) investigar exhaustivamente la escena del crimen; v) identificar posibles testigos y obtener declaraciones; vi) realizar autopsias por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados; y vii)determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, y cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte.
