sábado, diciembre 21, 2024

OTRAS INQUISICIONES: Felipe Calderón : Presiones y sometimiento

Pablo Cabañas Díaz

Fue  en enero de 2009, cuando  un estudio publicado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos calificaba a México como un “Estado fallido” al borde del colapso, esta visión fue ratificada ppor el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Michael Hyden, y por el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto del Departamento de Defensa. En respuesta a estas presiones, la entonces canciller Patricia Espinosa rechazó que México fuera un Estado fallido, ya que la violencia se concentraba en tres estados: Baja California, Chihuahua y Sonora. Asimismo, aseguró que la percepción de una mayor violencia en el país es parte de una estrategia de los grupos de crimen organizado para atemorizar a la población, dando la impresión de que hay un problema mayor.

 

Para bajar la presión en un clima político en extremo polarizado Felipe Calderón declaró en una entrevista a la agencia internacional de noticias Associated Press que su gobierno no había perdido el control del territorio y que era falso afirmar que México es un Estado fallido. Agregó que este tipo de comentarios causaban un “daño tremendo” a las autoridades mexicanas, y que para combatir el problema del narcotráfico también “hacía falta una buena limpieza del otro lado de la frontera”.

 

Los malos entendidos quedaron superados un mes después, cuando la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton aseguró, en una conferencia de prensa conjunta con la canciller mexicana que en el país no existían territorios ingobernables y que el narcotráfico fracasaría aunque diseminara la violencia y tratara de erosionar la ley. Reconoció también que los narcotraficantes mexicanos estaban motivados por la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos y que estaban pertrechados por las armas de ese país. En esa conferencia se refrendó el compromiso de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico con el anuncio de varias medidas concretas de cooperación bilateral, a la vez que la SRE restaba importancia a las diferencias surgidas entre los gobiernos de Estados Unidos y México por el asunto.

 

Hoy sabemos, que la motivación por parte de los distintos actores estadounidenses partícipes de la tesis del Estado fallido podría estar fundamentada en una preocupación genuina ante la debilidad de México para hacer frente al problema, reflejada en una alarmante escalada de violencia y una notoria falta de confiabilidad en las instituciones policíacas. Lo anterior fue evidente  a finales de 2008 con la ejecución de Edgar Enrique Bayardo y el presunto suicidio de Jesús Zambada, los dos testigos más importantes del gobierno federal para la “Operación Limpieza”, que tenía como objetivo detectar posibles nexos entre servidores públicos y miembros del crimen organizado para depurar las instituciones policíacas del país.

 

Otra posibilidad es que la visión de México como un Estado fallido sirviera para presionar a la administración de Barack Obama a aceptar el esquema de colaboración en seguridad entre Estados Unidos y México pactado por George W. Bush, esto ante las perspectivas de un giro en las políticas de cooperación y asistencia militar de Estados Unidos que se levantaron con la llegada de Barack Obama a la presidencia de ese país. Lo cierto es que, al final, Calderón logró dar continuidad al tema de seguridad como punto nodal en la agenda bilateral luego de la sucesión presidencial en Estados Unidos. En resumen, la relación de Méxicon  con Estados Unidos se había centrado en los temas de seguridad. Calderón se presentaba frente a Washington con una actitud de mayor condescendencia en todos los ámbitos .

 

El resultado fue que el Congreso estadounidense canceló un programa piloto para que camiones mexicanos pudieran entrar a Estados Unidos como lo plantea el Tratado de Libre Comercio. En respuesta a esta medida, el gobierno calderonista aumentó los aranceles a cerca de 90 productos de importación provenientes del país vecino como una represalia. Fue un sexenio en el que la posibilidad de lograr un acuerdo migratorio prácticamente quedó en el olvido.

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