Pablo Cabañas Díaz.
(Segunda Parte)
La operación imposición tuvo su cresta más alta el seis de julio, antes de finalizar el conteo distrital en México, la comisaría Benita Ferrero-Waldner emitió un primer mensaje institucional: “Fui informada por el jefe de la misión en México , el eurodiputado José Ignacio Salafranca, que las elecciones fueron conducidas de una manera ordenada en acuerdo con los principios democráticos. Tenemos fe en las instituciones electorales mexicanas. Nuestra misión subraya su profesionalismo, transparencia e independencia (…)”.
A los intereses del Partido Popular se sumó la intervención del Partido Socialista Obrero Español que en ese momento gobernaba España y esta se dio a través del representante de política exterior del Consejo de Ministros, Javier Solana, quien se adhirió a la estrategia seguida en Bruselas y dio a conocer un comunicado que decía: “una vez concluido el recuento oficial de los votos, un resultado definitivo que refleje cabalmente la voluntad de los mexicanos”.
Ante este escenario no hubo respuesta de la coalición Por el Bien de Todos. El equipo de López Obrador como única respuesta solo emite una carta de dos cuartillas, en la que se indica que, de acuerdo con la Constitución mexicana, “el proceso realizado el 2 de julio pasado en México no concluye hasta que el TEPJF otorgue el reconocimiento de presidente electo a quien haya resultado ganador de las elecciones presidenciales y solicita a la UE que insta a las autoridades competentes mexicanas a que se lleve a cabo “un recuento completo de los votos”. Y en un arrebato de ingenuidad señala que sugiere “evitar la realización de felicitaciones prematuras que puedan exacerbar el enfrentamiento interno” en México. La carta de manera oficial nunca llegó a sus destinatarios.
En México, la SRE convocó en dos ocasiones al cuerpo diplomático acreditado en el país para sostener “reuniones informativas” sobre el proceso electoral. La primera se efectuó por la tarde del tres de julio, un día después de las elecciones, y asistieron 64 embajadores; la segunda se realizó el siete de julio, cuando ya había concluido el cómputo en los 300 distritos electorales del país, y asistieron 77 miembros del cuerpo diplomático.
Hoy, sabemos que fueron funcionarios de la Dirección de Protocolo de la SRE los que convocaban con argucias y engaños a los embajadores con dos horas de anticipación. Un embajador invitado a esas reuniones me hizo una pregunta que a la fecha recuerda los golpes bajos del foxismo contra López Obrador : por qué convocaba la Cancillería si el IFE –organismo autónomo– tenía una dirección de Relaciones Internacionales, con la cual él había tenido comunicación directa.
Una invitación hecha con premura y en el clima político que vivía México en julio de 2006, convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores no podía ser ignorada por el cuerpo diplomático. Las reuniones se llevaron a cabo en el salón “José María Morelos y Pavón” del nuevo edificio de la cancillería, ubicado en avenida Juárez. En la primera reunión asistieron los consejeros del IFE, Andrés Albo y Alejandra Latapí, y a la segunda, de nuevo asistió Latapí y René Miranda, coordinador del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El canciller Luis Ernesto Derbez estuvo presente en ambas sólo “como moderador”.
Los consejeros del IFE explicaron las características del proceso electoral y la inédita situación de una competencia cerrada y, en todo momento, refrendaron que la actuación del IFE fue transparente y apegada a la legalidad. En la segunda reunión explicaron que correspondía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación certificar al candidato ganador y que esto podría tardar hasta el 6 de septiembre.
La consejera Latapí afirmó en la reunión del 7 de junio que la mayoría de los actores políticos, e importantes organizaciones dentro y fuera del país, reconocían la validez del proceso electoral y los resultados que favorecían al candidato del PAN.
Y se apoyó en la operación que venía haciendo Salafranca : cinco de ocho partidos, cuatro de cinco candidatos, 24 de 25 grupos de observación electoral que trabajaron con el Programa de Naciones Unida para el Desarrollo, la Iglesia católica, grupos empresariales, parlamentarios latinoamericanos y europeos, expertos y académicos.
Uno de los embajadores asistentes a la reunión, comentó que los funcionarios del IFE no emitieron observación alguna sobre si Calderón había ganado las elecciones. El eje argumental de la estrategia estuvo en la expresión: “una mayoría de organizaciones y sectores reconocen un proceso que aún no concluye y que tiene impugnaciones”.
Una parte del pago del PAN a José María Aznar en México fue a través del nombramiento de Juan Camilo Mouriño. No obstante haber nacido en Madrid, España, y ser de padres españoles, Mouriño, tomo y ejecuto las principales decisiones en el primer del gobierno de Calderón que favorecieron a los intereses españoles y por supuesto, a los de Bush.
