Pablo Cabañas Díaz
En pocos días, sabremos el nivel de responsabilidad que tuvo el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con los homicidios acontecidos en la llamada “guerra contra el narco”. Más allá, de las negociaciones que establezca García Luna con el gobierno estadounidense es importante saber quiénes se beneficiaron económicamente en este conflicto que costo miles de vidas.
El conflicto inició en el año 2006 y terminó en 2012, y tuvo un costo de 100 mil vidas humanas y cerca de un millón de lesionados en hechos de violencia intencional. En el primer año del sexenio, el número de personas asesinadas fue de 10 mil 253. El quinto año, el número de individuos ejecutados o muertos en enfrentamientos violentos se duplicó para alcanzar los 22 mil 600 casos. Pero es en los datos de lesionados en donde resalta la naturaleza desigual del conflicto.
La narrativa oficial fue que la gran mayoría de los homicidios se habían dado en “enfrentamientos”, pero existe una proporción que pareciera desmentir esta tendencia. Entre los años 2007 y 2011 la proporción de lesionados a ejecutados no redujo. Si en el año 2007 era de 19 lesionados por cada homicidio doloso, en el año 2011, se acercaba a una proporción de 7 a 1. Un número cada vez menor de heridos por asesinato significaba que cada vez era menor el número de enfrentamientos, lo que implicaría un mayor número de heridos, y en sentido inverso, implica, eso sí, una desproporción de fuerzas entre las partes, en donde una de ellas aniquilaba a la otra sin tener respuesta, y por tanto lesionados, en su operación unilateral.
Más allá de la proporción de lesionados a muertos, muchas fuentes de información apuntan, a que el “enemigo” en esta guerra no estaba necesariamente armado, y es posible que dentro del número creciente de asesinatos dolosos, se encuentre un número significativo de civiles desarmados.
Entre el año 2002 y el 2012, se produjo un incremento formidable de recursos para las fuerzas interna de seguridad, el más alto desde que terminó el periodo armado de la Revolución mexicana. El presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna pasó de 6 mil 389 a 40 mil 536 millones de pesos, más de seis veces, habiéndose incrementado a una formidable tasa anual de 20%. Los recursos para la entonces Procuraduría General de la República se amplían de 6 mil 992 millones en el año 2002, a 15 mil 385 millones. El presupuesto de Gobernación también se incrementó de manera notable al ascender de 5 mil 190 millones de pesos a 23 mil 537. La Secretaría de Marina, a su vez, duplica sus recursos al subir su presupuesto entre 2002 y 2012, de 8 mil 486 a 19 mil 676 millones de pesos. Otro tanto ocurre con el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de Estados y Municipios que duplicó y un poco más sus recursos, al aumentar su monto nominal de 3 120 millones a 7 373 millones de pesos. En pocas palabras hubo un incremento presupuestal inédito al igual que el número de muertos. La “guerra de Calderón”, fue un conflicto que debe ser analizado a partir de datos duros, para evitar las apreciaciones valorativas que poco expresan e incluso ayudan a quienes .
