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Pablo Cabañas Díaz.
La “guerra contra el narcotráfico” es el rasgo definitorio del sexenio de Felipe Calderón. El año 2006 estuvo atravesado por diferentes conflictos sociales, como la protesta de mineros en Michoacán y las rebeliones populares de Oaxaca y San Salvador Atenco, que fueron fuertemente reprimidas; la “Otra Campaña” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se opuso a los comicios presidenciales oficiales, y las movilizaciones masivas encabezadas por el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, que se adjudicaba el triunfo presidencial denunciando un fraude electoral que puso en cuestión la legitimidad de origen del nuevo gobierno. La convulsión social hizo que el gobierno panista que tomó el poder desviara la atención de la deuda social y se enfocara en el problema de la inseguridad.
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se  había dispuesto la participación de fuerzas federales en algunos estados donde la lucha entre cárteles comenzó a crecer, como Tamaulipas y Guerrero. Calderón dio continuidad a la intervención de Fox y además multiplicó la presencia de fuerzas policiales y militares en otros estados. La “guerra contra el narcotráfico” se ha venido desarrollando a través de distintos “operativos conjuntos” cuyo principal propósito es rescatar los espacios públicos del control criminal. Estos operativos son coordinados por las corporaciones militares y policiales federales y respaldados por las fuerzas estatales y locales de seguridad.
La “guerra contra el narcotráfico” emergió entonces como una decisión en un contexto de crisis política y social y apunta a la intervención de las fuerzas armadas para recuperar los territorios en manos del crimen organizado y aplicar la ley sin distinciones. La estrategia consiste en el ejercicio del poder desde los niveles más elevados (el federal) a los más bajos (el estatal y el municipal). Este enfoque  el eje principal fue la desarticulación de las organizaciones criminales, la detención del mayor número posible de delincuentes y el decomiso de cargamentos de drogas, el despliegue de operativos militares en varias regiones del país y el incremento permanente de recursos destinados a las fuerzas militares.
En México, la violencia ha hecho del crimen organizado un fenómeno emergente que se ha integrado a la agenda de gobierno. La gravedad del problema, favorece la violencia más irracional expresada en ejecuciones, torturas y masacres—, y la presencia de grupos armados profesionales provenientes de la deserción de los ejércitos de México o de otros países y que son capaces de enfrentar las fuerzas armadas del Estado. Las características de la violencia en México son: un mayor profesionalismo de los brazos armados de los cárteles; la intimidación a través de la tortura y las decapitaciones; el uso de armamento más sofisticado, capaz de responder a las fuerzas armadas y superar las capacidades de la policía; el ataque a instalaciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno; y el asesinato de civiles inocentes, producto de los fuegos cruzados entre los propios grupos criminales o de éstos contra las Fuerzas Armadas.
A partir de la presidencia de Felipe Calderón, la lucha contra el crimen organizado la violencia y el número de homicidios que se le relacionan se han multiplicado. No obstante que el gobierno federal sostiene que su estrategia es la adecuada y que está funcionando correctamente, los niveles de violencia han crecido. ¿Por qué los métodos utilizados por el gobierno federal desde el año 2006, no logran aminorar el clima de violencia sino al contrario?
El énfasis de la estrategia gubernamental en el carácter policial de la política de seguridad permite inferir que el objetivo de la política no era derrotar al crimen organizado sino a la violencia que éste produce, es decir, que el interés del gobierno panista no era desarticular las organizaciones, sino en ejercer la fuerza pública para restablecer el orden y la paz pública.

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