Pablo Cabañas Díaz
La diplomacia, en la arquitectura de una república que se pretenda moderna y funcional, no puede ser reducida al adorno decorativo de un régimen ni a la extensión sentimental del arbitrio presidencial. Debe ser, por el contrario, una institución de Estado blindada por la legalidad, el mérito verificable y una ética pública que no admita transacciones. Sin embargo, cuando estos pilares se erosionan, la política exterior abandona su naturaleza estratégica para convertirse en espectáculo, en herencia patrimonial o en el pago de lealtades inconfesables. Los recientes nombramientos en el servicio exterior mexicano denotan una tendencia perturbadora: la colonización de lo público por la biografía privada, sustituyendo el rigor republicano por una lógica de afectos y simbolismos vacíos.
El caso de Martha Susana Peón Sánchez en Honduras es, en este sentido, paradigmático. El artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano es un mandato que no admite interpretaciones: exige la mexicanidad por nacimiento y la ausencia de otra nacionalidad. La persistencia de un acta de nacimiento cubana no es un accidente administrativo; es una transgresión directa al marco legal que la República, en su silencio, termina por convalidar. Peor aún es el papel del Congreso, que abdicó de su deber de escrutinio para avalar por unanimidad una designación que apela más al linaje diplomático heredado que a la probidad jurídica. Cuando la diplomacia se entiende como una estafeta familiar, la República deja de ser tal.
Esta crisis de identidad institucional se manifiesta en Italia bajo la forma de la diplomacia performativa. Genaro Lozano no parece habitar la embajada en Roma para representar al Estado, sino para representarse a sí mismo en un acto de transgresión simbólica que confunde la política con el gesto individual. El protocolo no es un rancio conservadurismo, sino el lenguaje que permite la interlocución entre naciones; cuando el embajador se convierte en protagonista de su propio escenario, la diplomacia se diluye en la banalidad. A ello se suma la ausencia de experiencia profesional y una acumulación patrimonial que, en la ciudad eterna, despierta dudas legítimas sobre la idoneidad técnica para un puesto de tal relieve estratégico.
En el Reino Unido, la gestión de Josefa González-Blanco reveló otro rostro del deterioro: el autoritarismo administrativo que el cosmopolitismo no logra ocultar. Una embajada no debe ser un feudo personal ni una corte ilustrada donde el personal huye ante la descomposición del ambiente laboral; cuando el poder se ejerce sin contrapesos internos, el talento se asfixia. Paralelamente, en Argentina, la figura de Lilia Eugenia Rossbach reitera el nombramiento por cercanía afectiva. Si bien no hay deshonra en la gestión cultural, la diplomacia es una carrera de hierro que exige una formación específica que el afecto presidencial no puede suplir. Finalmente, el perfil de Raquel Serur Smeke en la Subsecretaría para América Latina condensa esta paradoja: la solidez intelectual no compensa la desarticulación institucional en un campo de tensiones reales que no admite aprendizajes improvisados.
En conjunto, asistimos no a una serie de errores aislados, sino a la instauración de un modelo patrimonialista donde el servicio exterior es el refugio de amigos, activistas y figuras mediáticas. Al flexibilizar la ley y convertir el cargo en recompensa, la política exterior deja de ser una política de Estado para reducirse a un relato personal. La República, entonces, deja de hablar en nombre de la nación para hablar en nombre de una facción, y en el implacable escenario internacional, esa renuncia a la institucionalidad suele pagarse con el aislamiento y la pérdida de prestigio.
