OTRAS INQUISICIONES: Elecciones : Debilidad institucional y fiscalización

Las elecciones de este 2018,  se dan  en un contexto de alta vulnerabilidad de las instancias fiscalizadoras. No se ha designado al Fiscal Anticorrupción, no se cuenta con Fiscal General de la República, no se han designado magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se dio un golpe a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales el año pasado dejándolo sin titular durante dos meses, no cuenta con personal ni presupuestos suficientes; y solo se nombró en tiempo al titular de la Auditoría Superior de la Federación pero el Fondo de Observación Electoral sufrió un recorte de 81% real respecto de las elecciones presidenciales en 2012 y no existen grandes misiones de observación electoral del extranjero.

A este escenario institucional se suma el hecho de que el 40% de la población cree que su voto es poco importante para definir el rumbo del país. La mayoría duda de la credibilidad de las instituciones, por lo que 46% cree que habrá fraude en las próximas elecciones,  según los resultados del estudio trimestral México: Política, Sociedad y Cambio de GEA -ISA.  A esta percepción ciudadana  y  la existencia de una institucionalidad aparece en el escenario el tema de la  fiscalización en este 2018.  En estas elecciones los partidos deben informar en tiempo real el uso de los recursos que el Estado pone a su disposición, y en tiempo real el Instituto Nacional Electoral (INE),  deberá fiscalizar el buen uso de esos recursos en las campañas federales y en las 30 entidades que tendrán comicios locales.

Un hecho importante y pero poco conocido es que la reforma electoral del 2014,  puso como causa de nulidad el rebase de topes de campaña bajo dos condiciones: que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar sea mayor al 5 por ciento y que el rebase de recursos esté también por encima de ese porcentaje. Bajo esa premisa, la fiscalización será ejercidar por el INE, pero no escapa a la vista que en el contexto del uso faccioso de las instituciones existe el riesgo de que tramos de la fiscalización por parte de las procuradurías se usen no pensando en la equidad de la contienda sino en la posibilidad de anular elecciones en beneficio de partidos o candidatos específicos. Este es el riesgo que tenemos  en los próximos meses frente a un electorado que no tiene confianza en las instituciones electorales.