POR PABLO CABAÑAS DÍAZ
El siglo XXI —este siglo que prometió la universalización del conocimiento y la comunicación instantánea— podría pasar a la historia como el siglo del gran silencio. Alrededor del 97 por ciento de los habitantes del planeta hablan apenas unas 250 lenguas: es decir, el 4 por ciento del total de idiomas existentes. En sentido inverso, un escaso 3 por ciento de la población mundial custodia cerca de 5,700 lenguas. La humanidad, en su conjunto, vive una paradoja estremecedora: casi toda su diversidad lingüística descansa en los hombros frágiles de minorías demográficas. Si las tendencias actuales continúan, más de cinco mil lenguas podrían extinguirse antes de que concluya este siglo.
No se trata de un fenómeno anecdótico ni de una estadística exótica. La desaparición de una lengua constituye una amputación de la memoria histórica de la humanidad. Cada idioma es una arquitectura del pensamiento, una cosmovisión irrepetible, una ética sedimentada en palabras. Cuando una lengua muere, no sólo se pierde un conjunto de sonidos y gramáticas: se desintegra un universo simbólico. La diversidad lingüística es, por tanto, patrimonio intangible de la humanidad. Su erosión empobrece el horizonte civilizatorio.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura han reconocido formalmente esta tragedia. En 2003, un grupo especial de expertos convocado en París adoptó el documento Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas, advirtiendo que la salvaguardia lingüística no es un gesto romántico, sino una exigencia ética y política. Sin embargo, el reconocimiento institucional no ha sido suficiente para revertir la tendencia.
En México, la situación refleja esa tensión entre diagnóstico y acción. Durante más de un siglo, la Dirección de Estadística de la Secretaría de Fomento y posteriormente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía han reportado cifras variables sobre el número de lenguas indígenas: 52, 56, 62, hasta 68 grupos lingüísticos. No fue sino hasta 2008 cuando el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas publicó el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, en cumplimiento de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El reconocimiento jurídico fue un avance histórico, pero la ley, por sí sola, no garantiza la transmisión intergeneracional.
Las estadísticas revelan un drama silencioso: comunidades donde sólo los ancianos conservan la lengua; otras donde ya no hay niños hablantes; algunas más dispersas en ciudades y campos agrícolas, donde la presión del castellano erosiona la continuidad cultural. En casos extremos —como el ixcateco o el ayapaneco— la lengua se sostiene en un puñado de voces. Allí, cada fallecimiento es una pérdida irreparable.
No es extraño que ciertos pueblos hayan interiorizado la idea de la desaparición como destino inevitable. El monolingüismo dominante se presenta como requisito de modernidad. Sin embargo, otros pueblos resisten. Ensayan talleres comunitarios, alfabetizaciones propias, radios locales, educación bilingüe. No siempre cuentan con recursos técnicos ni con políticas coherentes, pero poseen algo más decisivo: la conciencia de que su lengua es su dignidad.
La desaparición de una lengua indígena implica la fragmentación de una cultura, la pérdida de un archivo milenario de conocimientos sobre la naturaleza, la medicina, la organización social. Es también un empobrecimiento del Estado nacional, que se construyó sobre esa pluralidad originaria.
Frente a este panorama, la pregunta no es si las lenguas deben sobrevivir, sino si la humanidad desea conservar la complejidad que la define. Defender la diversidad lingüística no es un acto de nostalgia, sino un compromiso con el porvenir. Allí donde una lengua resiste, resiste también una manera distinta de comprender el mundo. Y en esa resistencia, acaso, se juega la posibilidad de una civilización menos uniforme y más justa.
