Por Pablo Cabañas Díaz
Las epidemias no perdonan la retórica. Las enfermedades transmisibles son jueces biológicos que dictan sentencia sobre la coherencia —o incoherencia— de los Estados. México creyó haber desterrado al sarampión al archivo de las memorias sanitarias, junto con la viruela y la poliomielitis. Sin embargo, en 2025 el virus regresó con una contundencia que no admite eufemismos: miles de casos confirmados y decenas de muertes, todas en personas sin vacunación documentada. No fue un accidente natural. Fue una fractura política incubada durante años.
En el centro de esta crisis se encuentra Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Elevado durante la pandemia de COVID-19 a portavoz científico del Estado, su figura simbolizó la autoridad técnica frente al desconcierto colectivo. Pero la autoridad no se mide en conferencias ni en gráficas, sino en resultados sostenidos. Y los resultados, en materia de sarampión, muestran una erosión alarmante.
Desde 2019 se sabía que la cobertura vacunal había descendido peligrosamente, rondando el 70 %, muy lejos del 95 % necesario para mantener la inmunidad de rebaño. El diagnóstico fue correcto; la acción fue insuficiente. Un sistema que reconoce el riesgo y no moviliza todos los recursos para revertirlo asume, tácitamente, las consecuencias. No basta advertir: hay que garantizar que cada niño reciba su esquema completo, que cada comunidad tenga acceso, que cada brigada cuente con logística y presupuesto.
Los brotes de 2020 en la Ciudad de México y el Estado de México fueron un aviso temprano. Afectaron sobre todo a jóvenes con esquemas incompletos, evidencia de fallas acumuladas. Se implementaron cercos vacunales y vigilancia epidemiológica, y el episodio fue contenido. Pero contener no es prevenir. La prevención exige continuidad institucional, disciplina presupuestaria y una cultura sanitaria que no fluctúe con los ciclos políticos.
Para 2024, las cifras revelaron la magnitud del deterioro: la primera dosis apenas alcanzaba alrededor del 79.8 % de cobertura y la segunda descendía a 68.9 %. Esos porcentajes representan millones de personas vulnerables ante un virus cuya transmisibilidad es de las más altas conocidas. Cada punto porcentual perdido equivale a miles de niños expuestos. Cada brecha estadística es una rendija por donde se cuela la enfermedad.
Se ha argumentado que el repunte responde a factores regionales y a la reintroducción del virus desde otros países. Pero la importación de casos no genera epidemias cuando la inmunidad colectiva es sólida. El virus prospera donde encuentra susceptibilidad masiva. Y esa susceptibilidad no surge espontáneamente: es el resultado de decisiones administrativas, de recortes, de la suspensión de mecanismos probados como las semanas nacionales de vacunación que durante décadas cerraron brechas en comunidades marginadas.
En 2025, los reportes oficiales señalaron miles de casos confirmados y más de veinte defunciones, todas en personas sin vacunación documentada. La cifra es una acusación contundente. El sarampión es prevenible casi en su totalidad con dos dosis. Cuando alguien muere por esta enfermedad en el siglo XXI, la pregunta no es por la agresividad del virus, sino por la fragilidad del sistema que debía evitarlo.
La polémica se intensificó cuando López-Gatell fue designado para un cargo diplomático vinculado a la Organización Mundial de la Salud. Más allá de los argumentos técnicos que respalden la decisión, la percepción pública fue devastadora: mientras el país enfrentaba un repunte epidémico asociado a coberturas insuficientes, el responsable operativo de la política preventiva era proyectado al ámbito internacional. En política sanitaria, la legitimidad se construye con confianza; y la confianza se erosiona cuando los resultados contradicen el discurso.
La crítica no puede reducirse a un juicio personal. La responsabilidad es estructural. Si la cobertura cae, es porque la vacunación dejó de ser prioridad absoluta. Si los programas se debilitan, es porque alguien consideró que podían esperar. La austeridad aplicada sin discernimiento en el terreno preventivo termina siendo extraordinariamente costosa. Cada brote demanda más recursos que los que se habrían invertido en evitarlo; cada muerte es el precio de una omisión acumulada.
