Por Pablo Cabañas Díaz
El Partido del Trabajo (PT) no puede entenderse desde la inmediatez de un solo episodio sin caer en una lectura superficial. Su actuación en el debate reciente del Plan B de la reforma electoral no es un hecho aislado ni una excepción, sino la expresión de una conducta política persistente. Para comprenderla, es necesario situarla en una trayectoria más amplia, marcada por la adaptación constante, la negociación como método y una autonomía que, lejos de ser plena, se ha ejercido siempre dentro de los límites que imponen las alianzas con fuerzas dominantes del sistema político mexicano.
En el caso del Plan B, el PT desempeñó un papel decisivo. Su voto a favor en lo general permitió que la iniciativa avanzara en el Senado, consolidando así el proyecto impulsado por Morena y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, su rechazo en lo particular a la modificación del artículo 35 constitucional —que pretendía adelantar la revocación de mandato a 2027— resultó determinante para frenar ese punto específico del proyecto de ley presentado para su votación.
Este doble movimiento ha sido presentado como una muestra de equilibrio político: respaldo al proyecto general, pero contención de un elemento considerado riesgoso para la equidad electoral. No obstante, una lectura más rigurosa obliga a matizar esa interpretación. El PT no cuestionó el núcleo de la reforma; se limitó a introducir un ajuste que, si bien es relevante, no altera la arquitectura central del Plan B. Su intervención operó como una corrección táctica, no como una redefinición del proyecto.
Este comportamiento no es novedoso. Por el contrario, se inscribe en la lógica que ha acompañado al PT desde su surgimiento en 1990, en el contexto de la reconfiguración política impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La apertura controlada del sistema permitió la aparición de nuevas fuerzas partidistas, pero también estableció las condiciones para que estas operaran dentro de márgenes definidos por el propio poder. En ese entorno, el PT emergió como una organización con dificultades para construir una base electoral autónoma, lo que lo llevó a privilegiar las alianzas como estrategia de supervivencia.
Esta dependencia estructural se hizo evidente en los años noventa, cuando el partido se vinculó con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, y se consolidó con la irrupción de Andrés Manuel López Obrador como eje de articulación de la izquierda. A lo largo de las elecciones de 2006, 2012 y 2018, el PT acompañó de manera constante al lopezobradorismo, enfrentando a figuras como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero siempre desde una posición subordinada.
El triunfo de 2018, bajo la hegemonía de Morena, consolidó esta lógica. El PT accedió a espacios de poder sin haber desarrollado una fuerza equivalente por sí mismo. Desde entonces, su papel ha sido el de un aliado estratégico que acompaña las decisiones centrales del bloque gobernante, introduciendo matices sin alterar el rumbo general.
La actuación frente al Plan B confirma esta continuidad. El PT no se opuso a la reforma; contribuyó a su aprobación. Su desacuerdo con la modificación del artículo 35 no implicó una ruptura con el proyecto, sino una delimitación puntual que le permitió preservar un margen de autonomía sin poner en riesgo la coalición. Esta forma de operar revela una estrategia clara: mantenerse dentro del poder, negociar desde el interior y evitar cualquier confrontación que pueda traducirse en su aislamiento.
En este contexto, la relación con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum se define por una asimetría estructural. Morena concentra la iniciativa política y define la agenda; el PT actúa como un socio que ajusta, pero no redefine. Su capacidad de influencia existe, pero está limitada por su dependencia del bloque mayoritario.
A partir de este recorrido, la crítica al PT se vuelve inevitable. Su actuación en el Plan B, lejos de constituir un ejercicio pleno de autonomía, confirma los límites de su papel dentro del sistema político. El partido introduce diferencias, pero evita llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Su disidencia se detiene donde comienza la estabilidad de la coalición.
Más aún, su intervención puede interpretarse como funcional al propio sistema que pretende equilibrar. Al respaldar la reforma en lo general, contribuye a legitimar el proyecto; al oponerse en lo particular, proyecta una imagen de pluralidad que atenúa las críticas externas. De este modo, el PT opera simultáneamente como actor de ajuste y como mecanismo de legitimación.
Esta ambigüedad tiene implicaciones de fondo. La política no se agota en la negociación de matices; requiere definiciones sustantivas sobre el rumbo del sistema democrático. Al limitar su acción a correcciones parciales, el PT renuncia a la posibilidad de incidir en esas definiciones. Su papel se reduce a gestionar equilibrios, no a transformarlos.
En última instancia, la historia y la actuación reciente del Partido del Trabajo revelan una constante: la persistencia de una estrategia orientada a su supervivencia dentro del poder. Esa estrategia le ha permitido mantenerse vigente durante más de tres décadas, pero también ha delimitado su alcance. El PT es un actor necesario para la aritmética legislativa, pero su capacidad para redefinir al sistema político es limitada.
